El Ministerio Público de Guatemala informó que, tras varios allanamientos en Ixcán, Quiché, fue detenido Elías A., acusado de lavado de dinero u otros activos.
De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso introdujo al sistema bancario nacional más de 14 millones de quetzales (alrededor de 1.8 millones de dólares) entre 2011 y 2025, dinero que presuntamente provenía de pagos exigidos a migrantes por traficantes de personas.
Según el ente investigador, la alerta fue emitida por la Intendencia de Verificación Especial, tras detectar movimientos bancarios sospechosos.
En Cobán, Alta Verapaz, investigadores de la #DIPANDA detuvieron a Baldomero “N”, de 29 años, sindicado de violación.
En otro caso
En Quiché, investigadores de la #DEIC capturaron a Elías “N”, de 42 años, por el delito de lavado de dinero u otros activos.#PNCenAcción pic.twitter.com/BcKpqT4C9w
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) September 9, 2025
Los fondos habrían llegado a través de operaciones vinculadas al tráfico ilícito de migrantes que intentaban cruzar hacia Estados Unidos. Durante el operativo se incautó un teléfono que será clave en la investigación.
Este caso revela el rol económico que desempeñan los coyotes y quienes los financian, quienes se enriquecen a costa de la vulnerabilidad de miles de migrantes que arriesgan su vida en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos.
Redadas en Estados Unidos
Mientras tanto, en territorio estadounidense, las autoridades migratorias han intensificado sus acciones.
En el norte del estado de Nueva York, una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dejó 57 detenidos en una planta de barras de nutrición. De ellos, la mayoría son de origen guatemalteco.
Cinco de los detenidos en esa operación fueron acusados de reingresar ilegalmente a Estados Unidos, mientras que los demás enfrentan procesos de deportación.
La redada ocurrió el mismo día en que otras 475 personas fueron arrestadas en Georgia, en instalaciones de la automotriz Hyundai.
Organizaciones de defensa de migrantes denunciaron que muchos de los trabajadores detenidos son padres de familia, lo que deja a niños en riesgo de quedar desamparados.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses aseguraron que hubo coordinación con agencias sociales para atender esos casos.
Estos hechos muestran la doble realidad que viven miles de centroamericanos: por un lado, estructuras criminales que se lucran de su necesidad de migrar, y por el otro, el riesgo constante de ser detenidos y deportados en Estados Unidos.
