Las manifestaciones organizadas por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) de Guatemala han provocado el bloqueo de numerosas carreteras en todo el país, afectando gravemente la movilidad de miles de ciudadanos y obstaculizando actividades económicas esenciales. La situación ha generado preocupación entre sectores empresariales, quienes exigen respeto al Estado de derecho y el cese de acciones que vulneren los derechos fundamentales de los guatemaltecos.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que los bloqueos se registran en al menos 20 departamentos, entre ellos Izabal, El Progreso, Quetzaltenango, Totonicapán, San Marcos y Petén. Las principales rutas de tránsito comercial se encuentran parcial o totalmente cerradas, afectando tanto a vehículos particulares como al transporte de carga.
Ante esta situación, Provial ha activado protocolos de orientación y control, además de sugerir rutas alternas para vehículos livianos y de doble tracción. Sin embargo, en departamentos como Totonicapán y Alta Verapaz, las condiciones geográficas o la magnitud de los bloqueos hacen prácticamente imposible encontrar vías secundarias viables.
🚨 ACTUALIZACIÓN DE BLOQUEOS 🚨
Estos son los puntos bloqueados a esta hora.⚠️ Toma precauciones y planifica tu ruta.
👮♂️ PROVIAL, proteger y servir.@GuatemalaGob@CIV_Guatemala@mingobguate@Diaz_1Miguel@surianobuezo pic.twitter.com/Ph3OplxgD6
— PROVIAL-CIV (@ProvialOficial) April 28, 2025
Los sectores empresariales han reaccionado con firmeza. La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham Guatemala) expresó su preocupación por los impactos negativos en la economía y pidió a las autoridades que se garantice el cumplimiento del amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad, que resguarda derechos como la libre locomoción, la salud y la vida.
“El desarrollo de actividades imprescindibles para la economía guatemalteca está siendo obstruido. Hacemos un llamado urgente al respeto a la ley y a manifestar sin perjudicar al resto de ciudadanos”, indicó AmCham en un comunicado.
Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) subrayó desde el domingo que los bloqueos “son ilegales y vulneran derechos humanos fundamentales”. La organización recordó que manifestar es un derecho legítimo, pero no lo es impedir el paso de personas, productos y servicios.
En medio del caos vial, la ciudadanía enfrenta serias dificultades para trasladarse, acceder a servicios médicos o llegar a sus lugares de trabajo. Las micro, pequeñas y medianas empresas también reportan severos impactos por la interrupción del transporte y la falta de abastecimiento de bienes básicos.
Este es el país sin ley y sin reglas que está promoviendo Bernardo Arévalo: bloqueo a los trabajadores honrados.#BloqueosGT #bloqueos #bloqueo #TraficoGT #TransitoMixco #TransitoVN #Guatemala pic.twitter.com/QC5WME3ldV
— El Quetzal News (@ElQueNews) April 28, 2025
El gobierno de Bernardo Arévalo informó el domingo que garantizaría la libre movilidad por el país y aunque reconoció el derecho a la protesta, advirtió que debe imperar el bien e interés común.
Organizaciones indígenas rechazan criminalización de la protesta
Diversas organizaciones sociales, indígenas y campesinas de Guatemala alzaron su voz este lunes en rechazo a lo que consideran una creciente criminalización de la protesta por parte del Ministerio Público y el sistema judicial. La movilización ocurre en el marco del paro convocado por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que incluye caminatas y manifestaciones en distintas regiones del país. Autoridades indígenas denunciaron la reciente detención de los líderes quichés Luis Pacheco (viceministro de Energía) y Héctor Chaclán, lo que consideran parte de una estrategia sistemática de represión contra el liderazgo ancestral.
Más de 39 líderes comunitarios reunidos en asamblea expresaron su respaldo a las personas criminalizadas y acusaron al Estado guatemalteco de responder a intereses de estructuras corruptas que buscan intimidar a quienes promueven cambios estructurales. La Asociación de Transportistas Quichelenses también condenó lo que denominan “persecución sistemática”, mientras que las autoridades indígenas del territorio Tezulutlán señalaron que el sistema de justicia continúa actuando con sesgo en contra de los pueblos originarios.
