Una organización criminal dedicada a la extorsión, secuestros y préstamos ilegales tipo “gota a gota” fue desarticulada este lunes en Costa Rica mediante una serie de allanamientos simultáneos ejecutados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en los cantones de Goicoechea y Tibás.
El operativo, una de las primeras acciones judiciales de alto impacto en 2026, permitió la detención de al menos cuatro personas, aunque las autoridades investigan a una estructura integrada por hasta 11 posibles involucrados. Las diligencias se concentraron en Purral de Guadalupe, Bajo Los Fiuses y distintos sectores de Tibás.
El director interino del OIJ, Michael Soto, explicó que el caso está relacionado con el secuestro extorsivo de un menor de 13 años ocurrido el 18 de diciembre en Cartago, además de delitos de trata de personas, explotación laboral y posibles abusos sexuales.
De acuerdo con la investigación, el menor fue privado de libertad durante varias horas y los sospechosos exigieron a su familia un pago de entre ₡6 y ₡7 millones (entre $12 mil y $14 mil). Un día después, el niño fue localizado amordazado y amarrado dentro de una vivienda en Bajo Los Fiuses, tras una intervención de la Fuerza Pública provocada por una alerta de vecinos.
El director del OIJ calificó el caso como una forma de “esclavitud moderna”, asociada al fenómeno de los préstamos “gota a gota”, en el que estructuras criminales utilizan dinero proveniente del narcotráfico para someter a las víctimas y generar múltiples delitos.
Soto detalló que el origen del caso se remonta a hace cuatro años, cuando una mujer solicitó un préstamo ilegal de ₡100,000 (unos $200) bajo la modalidad “gota a gota”. Con el paso del tiempo y el cobro de intereses abusivos, la deuda escaló hasta alcanzar los ₡7 millones ($14 mil).
Los préstamos gota a gota son microcréditos informales que se otorgan sin requisitos ni garantías, pero con condiciones abusivas: pagos diarios, presión física o psicológica, y tasas de interés que superan el 1,000% anual. Iniciados en Colombia y promovidos por colombianos en Centroamérica, ya han sido perseguidos en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Como forma de pago, la madre habría entregado a su propia hija, quien hoy tiene 19 años, a la estructura criminal. La joven permaneció privada de libertad durante casi cuatro años, obligada a trabajar en una pulpería y una verdulería vinculadas al grupo, además de ser forzada a vender drogas. El OIJ no descarta que también haya sido víctima de explotación sexual, por lo que recibe acompañamiento psicológico especializado.
Tras lograr escapar con ayuda de una vecina, la joven fue trasladada a Cartago. Sin embargo, los integrantes de la banda intentaron recapturarla, lo que derivó en el secuestro del menor de 13 años, hijo de la mujer que la auxilió. En el marco de estos hechos, el padre de la joven resultó herido de bala en ambas piernas durante un ataque vinculado al caso.
Durante los allanamientos en la urbanización Manolo Rodríguez, en Tibás, los agentes judiciales recolectaron diversos indicios, incluidos posibles rastros de sangre, para determinar si el menor estuvo retenido y si fue agredido en ese sitio. En la zona se desplegó un amplio operativo con al menos 10 vehículos del Poder Judicial y personal especializado.
