La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) hizo un llamado urgente a las autoridades del país a cesar lo que describen como un “clima de temor” hacia periodistas y defensores de derechos humanos, en medio de presuntas capturas arbitrarias y operativos policiales dirigidos a voces críticas al Gobierno.
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la APES expresó su preocupación ante reportes que indican que se preparan nuevas detenciones en contra de miembros de la prensa y organizaciones de la sociedad civil, sin que exista una postura clara por parte de las autoridades.
“El mes de mayo ha estado marcado por la criminalización y la asfixia de voces disidentes”, señala el comunicado, que además reprocha el silencio oficial frente a estas denuncias.
La APES insta a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil a abstenerse de acciones que puedan interpretarse como persecución política o intimidación hacia periodistas y defensores.
La organización también advirtió que en el último mes se han registrado al menos una docena de casos de desplazamiento forzado o movilización preventiva por temor a detenciones arbitrarias. Esta cifra, aseguran, es casi equivalente al total de casos reportados en lo que va de 2024.
Entre los hechos que han generado inquietud en el gremio están las recientes capturas de la abogada anticorrupción Ruth López, el abogado Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, todos identificados como figuras críticas del actual Gobierno. Asimismo, se mencionan supuestas órdenes de captura contra siete periodistas del medio digital El Faro, aunque no se han confirmado formalmente por parte de la Fiscalía.
Uno de los elementos más controversiales señalados por la APES es la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros por parte de la Asamblea Legislativa. Según la organización, esta normativa guarda similitudes con leyes implementadas en regímenes autoritarios como el de Nicaragua y podría usarse para limitar la actividad de medios y organizaciones independientes que reciben cooperación internacional.
Ni el Ejecutivo ni la han emitido comentarios al respecto. Tampoco se ha anunciado públicamente ninguna investigación o proceso legal contra periodistas en los últimos días.
El comunicado concluye con un llamado a los periodistas a mantenerse alertas y reportar cualquier situación de riesgo a través del Centro de Monitoreo de la APES, reiterando la importancia de garantizar las libertades fundamentales como la expresión, la asociación y la prensa para la estabilidad democrática del país.
