El Estatus de Protección Temporal (TPS) surgió en Estados Unidos en 1990 como un mecanismo para proteger de la deportación a ciudadanos de países afectados por conflictos, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias.
En Centroamérica, el programa alcanzó a El Salvador, Honduras y Nicaragua, aunque cada país recibió la protección en momentos y circunstancias distintas.
Ahora, más de 2 décadas después, el escenario cambió. Estados Unidos anunció 2025 la terminación del TPS para Honduras y Nicaragua, mientras el futuro del programa para los salvadoreños también quedó sujeto a las decisiones de Washington y a procesos judiciales.
El Congreso creó el programa en 1990
El TPS nació con la Ley de Inmigración de 1990, aprobada por el Congreso estadounidense y promulgada por el presidente George H. W. Bush.
La legislación creó un mecanismo legal para permitir que determinados extranjeros permanecieran temporalmente en Estados Unidos cuando regresar a sus países no resultara seguro.
La norma estableció 3 grandes causales para otorgar esa protección.
Una corresponde a conflictos armados que representen una amenaza grave para la población. Otra contempla desastres ambientales que impidan temporalmente el retorno seguro.
La tercera abarca condiciones extraordinarias y temporales que dificulten el regreso de los ciudadanos a sus países de origen.
Además, el TPS permite trabajar legalmente en Estados Unidos durante el periodo de protección.
Sin embargo, el programa no concede residencia permanente ni ciudadanía estadounidense. Su naturaleza siempre ha sido temporal.
El Salvador recibió una protección especial desde 1990
El caso salvadoreño tiene una particularidad frente a sus vecinos.
La propia Ley de Inmigración de 1990 incluyó una disposición especial para los ciudadanos de El Salvador. La protección entró en vigor por 18 meses para salvadoreños que ya cumplían determinados requisitos de permanencia en Estados Unidos.
Posteriormente, el país recibió una nueva designación de TPS en 2001.
Esta vez, la medida respondió a los graves daños provocados por los terremotos de enero y febrero de ese año. Los sismos destruyeron viviendas, escuelas y edificios públicos, además de desplazar a una parte importante de la población.
Desde entonces, Estados Unidos extendió repetidamente la protección para los salvadoreños.
El programa llegó a convertirse en uno de los principales mecanismos de protección migratoria para esta comunidad.
Honduras y Nicaragua llegaron tras el huracán Mitch
Honduras y Nicaragua recibieron el TPS en 1999, después de los efectos devastadores del huracán Mitch.
El ciclón golpeó Centroamérica a finales de octubre de 1998 y dejó graves daños en infraestructura, viviendas y actividades productivas.
🇭🇳 | Gobierno defiende a Honduras ante cancelación del TPS en EE. UU.
El Designado Presidencial, Carlos Flores, aseguró que la cancelación del TPS responde a una decisión del Gobierno de Estados Unidos y no a una responsabilidad de Honduras.#TNH #HondurasVamosAEstarBien pic.twitter.com/F4ge3qlxNn— TNH (@TNH2026) August 19, 2026
Honduras recibió su primera designación de TPS el 5 de enero de 1999. Estados Unidos justificó la medida por las consecuencias del desastre ambiental.
Nicaragua también recibió el estatus en enero de 1999 por los daños ocasionados por Mitch.
Ambas designaciones se mantuvieron durante años mediante sucesivas extensiones.
En el caso hondureño, el TPS fue prorrogado en numerosas ocasiones antes de la decisión adoptada por el Gobierno estadounidense en 2025.
Guatemala nunca obtuvo el beneficio
Guatemala ocupa un lugar diferente dentro de la historia centroamericana del TPS. El país nunca recibió una designación de este programa.
A lo largo de los años, gobiernos guatemaltecos solicitaron protección migratoria después de distintos desastres naturales. Entre ellos estuvieron la tormenta Stan en 2005, la tormenta Ágatha en 2010 y la erupción del Volcán de Fuego en 2018.
También hubo solicitudes relacionadas con los huracanes Eta e Iota en 2020.
Sin embargo, Estados Unidos no concedió el TPS a Guatemala.
Por eso, cuando se habla del TPS centroamericano originado en los grandes desastres de finales de los años noventa y principios de los 2000, los tres países beneficiarios fueron El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Una protección que debía ser temporal se prolongó por décadas
El TPS fue diseñado para responder a situaciones temporales. Sin embargo, las extensiones sucesivas hicieron que miles de beneficiarios permanecieran durante décadas bajo este mecanismo. Miles lograron, tras el proceso, alicar a residencia permanente y hasta ciudadanía.
El Congreso estableció periodos de designación que pueden durar entre 6 y 18 meses. Después, el Gobierno estadounidense debe revisar las condiciones del país y decidir si mantiene o termina la protección.
Ese carácter temporal explica parte del debate actual.
Los beneficiarios han construido sus vidas en Estados Unidos durante muchos años. Al mismo tiempo, las autoridades estadounidenses deben revisar periódicamente si todavía existen las condiciones que justificaron cada designación.
Honduras y Nicaragua enfrentan ahora la terminación
El Departamento de Seguridad Nacional en 2025 el fin del TPS para Honduras y Nicaragua.
🇭🇳 El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, mantiene una estrategia integral para acompañar a nuestros connacionales ante la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
🤝 Con gestiones… pic.twitter.com/dmIwt8K3Lu
— Secretaría de Desarrollo Económico (@SDEHonduras) August 19, 2026
Para Nicaragua, la designación tenía como fecha de vencimiento el 5 de julio de 2025. La decisión de terminación quedó sujeta al periodo establecido por la normativa federal.
En Honduras, el Gobierno estadounidense también anunció la terminación tras concluir que las condiciones del país ya no justificaban mantener la protección.
La designación hondureña tenía como fecha de vencimiento el 5 de julio de 2025. La normativa contempló un periodo de transición antes de hacer efectiva la terminación.
No obstante, el proceso enfrentó nuevos obstáculos legales.
En agosto de 2025, una corte federal de apelaciones permitió avanzar temporalmente con las decisiones de la administración del presidente Donald Trump mientras continuaba el litigio.
El caso salvadoreño tiene una historia judicial diferente
El Salvador también quedó involucrado en una prolongada disputa judicial durante el primer Gobierno de Trump.
En 2018, su administración anunció la terminación del TPS para los salvadoreños, junto con medidas similares para Honduras y Nicaragua.
Los beneficiarios y organizaciones migrantes llevaron las decisiones ante los tribunales.
El caso conocido como Ramos v. Wolf se convirtió en uno de los principales procesos judiciales sobre el futuro del TPS centroamericano. El litigio mantuvo durante años las terminaciones en suspenso.
En junio de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional rescindió aquellas terminaciones y extendió nuevamente las designaciones de El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Así, el TPS centroamericano pasó de ser una respuesta a desastres naturales y situaciones extraordinarias a convertirse en un asunto migratorio con efectos durante varias generaciones.
Un programa que se extendió más allá de Centroamérica
El TPS no quedó limitado a los tres países centroamericanos. Desde su creación, Estados Unidos utilizó el mecanismo para proteger temporalmente a ciudadanos de diferentes regiones afectados por guerras, terremotos, epidemias y otras crisis.
Entre los países que han recibido TPS figuran Haití, Venezuela, Siria, Yemen, Somalia, Sudán del Sur, Ucrania, Afganistán y Myanmar.
La legislación, por tanto, creó una herramienta de alcance global. Su aplicación depende de las condiciones específicas de cada país y de las decisiones del Gobierno estadounidense.
Qué representa el fin del TPS para los 3 países
La historia del TPS muestra cómo una medida concebida como temporal puede prolongarse durante décadas.
El Salvador, Honduras y Nicaragua llegaron al programa por circunstancias diferentes. El Salvador tuvo una disposición especial en la legislación de 1990 y después recibió una nueva designación tras los terremotos de 2001.
