El fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, advirtió que el crimen organizado también opera desde las ciudades, más allá de las rutas fronterizas tradicionalmente asociadas al narcotráfico. Según dijo, Los Caradura son un ejemplo de esa transformación.
La agrupación comenzó con la venta de drogas al menudeo y, de acuerdo con las investigaciones citadas por el funcionario, amplió sus actividades hasta participar en el traslado de estupefacientes. García Luna la describió como un cártel con presencia en la capital.
El jefe del Ministerio Público sostuvo que la relación de Los Caradura con la pandilla se inserta en una pugna territorial con la Mara Salvatrucha. El control de la venta de drogas es uno de los motivos de esa disputa.
La Fiscalía también vincula a estas estructuras con asesinatos y extorsiones en zonas urbanas. García Luna no presentó una cifra de delitos atribuibles a la alianza, por lo que el alcance de esa relación sigue sujeto a las investigaciones.
Otra línea de investigación busca identificar a quienes se benefician de las actividades de Los Caradura y determinar si integrantes de la red operan dentro de instituciones públicas. El fiscal afirmó que existen pesquisas sobre esa posible infiltración.
El Ministerio Público informó de allanamientos en dependencias de investigación criminal de la Policía Nacional Civil y de la captura de una persona presuntamente vinculada con la estructura. No precisó si esos procedimientos ya permitieron establecer el alcance de sus conexiones institucionales.
La dimensión del desafío contra las pandillas se refleja en las cifras oficiales: hasta agosto de 2026, el Gobierno reportó 735 presuntos integrantes capturados y 31 estructuras vinculadas al Barrio 18 y la Mara Salvatrucha desarticuladas. Esos datos corresponden a los operativos generales y no exclusivamente al caso de Los Caradura.
Para Guatemala y sus vecinos centroamericanos, el caso muestra cómo una red dedicada a la venta local de drogas puede ampliar sus actividades mediante alianzas con pandillas. La Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones sobre el transporte de estupefacientes, la violencia territorial y las presuntas conexiones con funcionarios.
