La expansión de la pandilla White Fence en Guatemala quedó nuevamente en evidencia tras un operativo del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) que vinculó a 24 presuntos integrantes de la estructura criminal, señalada de operar una red de extorsiones desde las calles y también desde las cárceles del país.
La investigación, iniciada a principios de 2025, permitió ejecutar 116 diligencias y 37 allanamientos en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango. Como resultado, nueve personas fueron capturadas por orden judicial, seis fueron detenidas en flagrancia y otras nueve recibieron nuevas órdenes de captura mientras permanecían recluidas en un centro de detención preventiva.
Según las pesquisas, White Fence coordinaba el cobro de extorsiones principalmente contra pilotos del transporte que cubren rutas entre San Pedro Ayampuc y la capital guatemalteca, además de comerciantes de la zona.
El MP también documentó que parte de la estructura mantenía comunicación permanente desde prisión mediante teléfonos celulares para organizar las actividades delictivas.
29 extorsionistas y robacarros capturados en Guatemala y Quetzaltenango
Como resultado de 116 allanamientos realizados con
fiscales del Ministerio Público en Guatemala y Quetzaltenango, investigadores de la Policía Nacional Civil capturaron a 25 presuntos extorsionistas. pic.twitter.com/YAzMyMjtmh— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) July 23, 2026
Las autoridades habían advertido desde febrero de 2025 que la pandilla había ampliado su presencia desde San Juan Sacatepéquez hacia San Pedro Ayampuc. En ese momento, investigadores de la Fiscalía contra el Delito de Extorsión señalaron que White Fence se consolidaba como una tercera estructura criminal que opera junto con Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, fortaleciendo su influencia en distintos municipios.
La investigación también estableció que la organización incorporó a exintegrantes de la estructura salvadoreña Revolucionarios, quienes se asentaron en San Pedro Ayampuc para reforzar las operaciones del grupo. Ese movimiento habría contribuido a ampliar su capacidad para controlar territorios y ejecutar extorsiones en distintas comunidades.
Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad decomisaron nueve armas de fuego, entre ellas tres fusiles, una escopeta y una carabina, además de 122 cartuchos, nueve cargadores, 15 teléfonos celulares, cámaras de vigilancia, un DVR, drogas, documentos bancarios, 7,875 quetzales (unos 1.000 dólares) en efectivo y cuadernos con registros de las extorsiones pagadas por víctimas en Azacualpilla.
Todo el material será sometido a análisis como parte de las investigaciones que buscan desarticular por completo la estructura criminal.
