El asesinato del exiliado político nicaragüense Roberto Samcam estaría vinculado a la información que recopilaba sobre presuntas operaciones de narcotráfico ligadas a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica.
El documento, citado por el medio costarricense CR Hoy, revela que Samcam reunía datos sensibles que pretendía denunciar públicamente, en los que señalaba posibles vínculos entre estructuras del poder en Nicaragua y organizaciones criminales internacionales como el Cártel de Sinaloa o el grupo narcoterrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo con la investigación, los archivos extraídos de sus dispositivos electrónicos muestran supuestas rutas utilizadas para el trasiego de drogas desde Venezuela y Colombia hacia Nicaragua, mediante el uso de pistas clandestinas.
Las autoridades consideran que la intención del exmilitar de exponer esta información pudo convertirse en el principal móvil del crimen, ocurrido el 19 de junio de 2025 en Moravia, Costa Rica.
El expediente también detalla la existencia de al menos 92 pistas aéreas presuntamente utilizadas para el traslado de droga, así como conexiones con estructuras como el Cártel de Sinaloa y menciones a grupos armados como las FARC.
Según el OIJ, los documentos analizados corresponden a investigaciones privadas realizadas por Samcam, quien además señalaba a miembros del Ejército de Nicaragua por supuestos vínculos con el lavado de activos.
El exmilitar, quien en el pasado fue cercano colaborador de Ortega, se convirtió en opositor tras denunciar abusos del régimen y se exilió en Costa Rica, donde continuó sus investigaciones.
El homicidio se perpetró cuando sujetos armados le dispararon en su vivienda, en un hecho que generó una rápida reacción de las autoridades costarricenses por el perfil político de la víctima.
Tras el crimen, el OIJ ejecutó operativos que permitieron la captura de cinco sospechosos entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, quienes permanecen en prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar si el asesinato responde a una estructura criminal organizada con posibles vínculos internacionales, en medio de señalamientos sobre una red de represión transnacional contra opositores nicaragüenses.
