La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) rechazó la solicitud de arresto domiciliario para Darío Morales García, procesado por el asesinato del obispo Juan José Gerardi en 1998. El organismo calificó la petición como un ataque al Estado de Derecho.
Morales García es exmiembro del Estado Mayor Presidencial.
La Fiscalía de Derechos Humanos pidió la medida sustitutiva al argumentar que el implicado ha mostrado voluntad de someterse al proceso penal. Sin embargo, la ODHAG cuestionó este argumento y recordó que el acusado permaneció prófugo durante más de dos décadas.
Señalan riesgo de impunidad en Guatemala
El director de la ODHAG, Nery Rodenas, criticó la postura del fiscal Noé Rivera. Además, expresó dudas sobre la actuación del Ministerio Público.
Rodenas recordó que Morales García huyó a Estados Unidos en 2001. El acusado permaneció prófugo durante 22 años hasta su captura en 2025.
Por ello, la ODHAG considera que existe riesgo de fuga. También advirtió sobre una posible aplicación selectiva de la justicia en Guatemala.
Expertos advierten trato arbitrario
Por su parte, Alejandro Rodríguez, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, señaló un trato diferenciado en el caso.
El analista afirmó que la gravedad del delito justifica mantener la prisión preventiva. Además, indicó que el historial de fuga evidencia la capacidad del acusado para evadir la justicia.
Rodríguez calificó la solicitud de la Fiscalía como una forma de impunidad. En ese sentido, insistió en la necesidad de aplicar criterios proporcionales.
El caso Gerardi y su impacto en Guatemala
El asesinato de Juan José Gerardi ocurrió el 26 de abril de 1998. El crimen se registró dos días después de la presentación del informe “Guatemala: Nunca Más”.
Ese documento atribuyó a fuerzas estatales la mayoría de los crímenes del conflicto armado interno. Dicho conflicto dejó más de 200,000 muertos y desaparecidos.
En 2001, la justicia condenó a varios militares y a un sacerdote por su participación en el asesinato.
Pronunciamiento alerta sobre el sistema judicial
La ODHAG afirmó que decisiones como esta reflejan debilidad institucional. Además, advirtió que favorecen a responsables de violaciones graves de derechos humanos.
El organismo reiteró que el caso Gerardi representa un referente en la lucha contra la impunidad.
El pronunciamiento mantiene el foco en la actuación del Ministerio Público. Asimismo, abre el debate sobre la aplicación de justicia en casos de alto impacto en Guatemala.
