El exdirector interino de inteligencia nacional de Estados Unidos y actual enviado especial, Richard Grenell, advirtió que la industria minera de Nicaragua podría enfrentar sanciones si el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no revierte la confiscación de una empresa minera de capital estadounidense y su posterior transferencia a compañías vinculadas a China.
“Confiscar la mina de un empresario estadounidense y entregársela a los chinos es inaceptable”, escribió Grenell en la red social X, en respuesta a una publicación del diario La Prensa.
El funcionario etiquetó al secretario de Estado, Marco Rubio, al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, en un mensaje que eleva la presión política sobre Managua.
Grenell advirtió que, de no solucionarse el caso, “toda la industria aurífera de Nicaragua se enfrentará a sanciones”, en referencia a un sector que genera cerca de 2.000 millones de dólares anuales y se ha convertido en uno de los principales motores económicos del país.
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Confiscación y transferencia a empresas chinas
El conflicto se origina en la confiscación, en septiembre de 2025, de la planta procesadora de oro de la empresa BHMB Mining Nicaragua, valorada en más de 80 millones de dólares, y su posterior transferencia a la firma china Zhong Fu Development.
Además, según reportes recientes, el régimen canceló una concesión minera de 2.500 hectáreas en San Juan de Río Coco a la misma empresa estadounidense, otorgándola posteriormente a Palacagüina Mining, también vinculada a capitales chinos.
El empresario Baruch Rapoport, representante de BHMB Inc., compañía registrada en Florida con capital estadounidense y británico, denunció que las operaciones fueron cerradas abruptamente y los activos tomados por el Estado sin garantías legales.
“Una empresa con inversión registrada y operaciones legales fue cerrada, sus activos confiscados y transferidos a entidades vinculadas a empresas chinas”, afirmó Rapoport en declaraciones recogidas por medios independientes.
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Antecedentes de presión y control estatal
Esta no es la primera vez que Grenell se pronuncia sobre el caso. Hace dos semanas ya había calificado la confiscación como “indignante”, anticipando posibles represalias económicas.
La controversia también generó un comunicado inusual de la Procuraduría General de la República de Nicaragua, que defendió que las concesiones mineras se otorgan bajo “debido proceso y transparencia”, una afirmación cuestionada por analistas y opositores.
Investigaciones periodísticas han señalado que el sector minero nicaragüense experimenta una creciente reconfiguración a favor de empresas chinas, en paralelo con la participación de estructuras vinculadas a la familia gobernante, especialmente a través de Laureano Ortega, hijo de los mandatarios.
Desde 2021, Nicaragua ha estrechado sus relaciones con China tras romper vínculos con Taiwán, lo que ha derivado en acuerdos de inversión, infraestructura y minería.
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Riesgos económicos y geopolíticos
Expertos advierten que la amenaza de sanciones sobre el sector aurífero podría tener un impacto significativo en la economía nicaragüense, altamente dependiente de las exportaciones de oro en medio del aislamiento internacional del régimen.
Estados Unidos ya ha impuesto sanciones individuales contra funcionarios nicaragüenses por violaciones a los derechos humanos, pero una eventual medida contra toda la industria minera representaría una escalada sin precedentes.
El caso de BHMB Mining se perfila así como un nuevo foco de tensión entre Washington y Managua, en un contexto donde la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China se extiende al control de recursos estratégicos en América Latina.
