El abogado José Francisco Ayala, defensor de la familia del nicaragüense Otoniel Orozco, asesinado el pasado 3 de junio, anunció una acusación penal por difamación contra el padre del presunto homicida, Eduardo Ramírez Reyes.
La denuncia fue presentada en el Juzgado Contravencional de Escazú por la viuda de Orozco, Lilliam Avendaño, quien se siente ofendida y amenazada por las declaraciones del padre del tirador.
Orozco, empresario de seguridad de 53 años, murió de 14 disparos asestados por su vecino costarricense Eduardo Alonso Ramírez Zamora.
La familia de la víctima también está considerando una acusación contra la esposa del homicida, de apellidos Carvajal Madrigal, por presuntamente haber alentado a Ramírez Zamora a cometer el crimen.
#Nicaragua El abogado José Francisco Ayala, representante legal de la familia Orozco, informa que denunciaron en un juzgado de #CostaRica al padre del homicida del nicaragüense Otoniel Orozco por “difamación” https://t.co/0HXaUOtCTC pic.twitter.com/4SR0jC9UpB
— 100%NOTICIAS (@100noticiasni) June 12, 2024
El asesinato de Otoniel Orozco ha generado una ola de indignación y denuncias de xenofobia en Costa Rica, según varias organizaciones de derechos humanos.
El abogado Ayala señaló que Ramírez Zamora y su pareja proferían constantes insultos y burlas xenofóbicas contra la familia Orozco, quienes son originarios de Nicaragua y nacionalizados costarricenses.
Estos actos hostiles culminaron en el trágico asesinato del 3 de junio.
La acusación de difamación presentada por la viuda de Orozco se refiere a declaraciones de Eduardo Ramírez Reyes, el padre del homicida, que han sido calificadas como ofensivas y amenazantes.
Según Ayala, estas declaraciones difamaron no solo a la víctima directa sino también a su familia, acusando al difunto de delitos y mancillando su memoria.
El asesinato de Otoniel Orozco ha exacerbado la tensión y los discursos de odio contra la comunidad migrante nicaragüense en Costa Rica.
La viuda y sus cinco hijos, cuyas edades oscilan entre un año y 19 años, enfrentan no sólo la pérdida de un esposo y padre, sino también un clima de creciente hostilidad.
El caso del asesinato de Otoniel Orozco continuará su trámite judicial en la Fiscalía de Pavas, San José, donde Ramírez Zamora está citado como “sospechoso de cometer un delito de homicidio calificado”.
Este delito implica circunstancias agravantes como la alevosía, el ensañamiento o motivaciones adicionales como el odio racial o étnico, y conlleva penas de 20 a 35 años de prisión según el Código Penal de Costa Rica.
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El abogado defensor de Ramírez ha argumentado “emoción violenta” como atenuante, lo que podría reducir la pena significativamente.
No obstante, la jurisprudencia costarricense ha establecido que la legítima defensa desproporcionada no es considerada una legítima defensa, lo que complica la estrategia de la defensa de Ramírez.
Los restos de Otoniel Orozco fueron trasladados a Nicaragua y sepultados en la comunidad Trujillo, en el municipio de Ciudad Darío, Matagalpa.
Su familia busca justicia mientras enfrenta el desafío de reconstruir su vida en medio de la adversidad y la tensión social en un país donde Naciones Unidas ha confirmado el aumento de los discursos de odio y xenofobia en el último año.
