Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), compareció este miércoles ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública en Goicoechea para presentar su defensa frente a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Esquivel, junto a otros siete investigados, enfrenta una investigación por un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de contratos a cooperativas encargadas de la administración de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) son centros de salud que forman parte de la CCSS.
Esquivel arribó al tribunal acompañada de su abogado, Edgardo García, a las 8:20 a. m. A la audiencia también asistieron cuatro directivos, dos exdirectivos de la CCSS y la gerente general, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes, todos implicados en el mismo caso.
El grupo había sido detenido el lunes por la mañana, pero fue puesto en libertad la noche del martes, ya que la FAPTA no solicitó prisión preventiva.
Sin embargo, la Fiscalía pidió que Esquivel y los otros imputados fueran inhabilitados de sus cargos durante seis meses.
La misma medida fue solicitada para Gutiérrez y otros directores de la Junta, incluyendo Zeirith Rojas Cerna, Johnny Gómez Pana, Jorge Porras López y María Isabel Camareno, esta última delegada del gobierno del presidente Rodrigo Chaves.
Entre las medidas cautelares solicitadas, también se incluye el impedimento de salida del país, el depósito de pasaportes, la firma mensual en la Fiscalía, la prohibición de participar en asuntos relacionados con la licitación investigada y la restricción de contacto con 11 testigos del caso, por un período de seis meses.
El caso se centra en la adjudicación de los contratos de administración de 138 Ebáis a cinco cooperativas para un periodo de 10 años, un acuerdo valorado en aproximadamente 874.65 millones de dólares estadounidenses.
El auditor de la CCSS, Ólger Sánchez, presentó la denuncia el 10 de julio, señalando un sobreprecio en comparación con los pagos anuales previos, que habían sido de 53.85 millones de dólares.
Roberto Quirós Coronado, exdirector de la Junta Directiva de la CCSS y uno de los imputados, fue el único que brindó declaraciones a la prensa antes de ingresar a la audiencia.
“Son momentos muy difíciles, pero cuando uno ha ejercido la función pública sabe que siempre tiene la obligación de dar cuentas de sus actos”, manifestó Quirós. Además, subrayó la importancia de los 600.000 trabajadores atendidos por las cooperativas, recordando que la Junta Directiva de la CCSS ha promovido estos modelos de atención ambulatoria desde 1999 en beneficio de la población costarricense.
La investigación, según la FAPTA, se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública, relacionados con la adjudicación de los contratos mencionados.
