El gobierno de Donald Trump se mantiene firme en su postura respecto a la deportación de Kilmar Ábrego García, el salvadoreño que fue deportado a El Salvador por error, según medios de comunicación estadounidenses.
Este sábado, los abogados del Ejecutivo estadounidense afirmaron que una orden judicial no puede obligar a un país extranjero a aceptar la repatriación de una persona, en este caso, Ábrego García.
Los abogados del gobierno Trump argumentaron que “es constitucionalmente inaceptable” que una corte federal exija que se repatríe a Ábrego García a los Estados Unidos, después de que el joven fuera deportado a El Salvador para cumplir prisión en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El gobierno de Estados Unidos ya había reconocido que la deportación fue un error, dado que Ábrego García tenía estatus legal en el país.
La jueza federal Paula Xinis, el viernes pasado, emitió una orden que instruía al gobierno de Estados Unidos a “facilitar y concretar” el retorno de Ábrego.
En su resolución, Xinis calificó de “ilegal” la deportación del salvadoreño y le dio al Ejecutivo estadounidense un plazo hasta el lunes 7 de abril a las 11:59 p.m. para cumplir con la repatriación.
Los abogados del gobierno estadounidense señalaron que la orden judicial que obliga a un gobierno a interactuar con una nación extranjera de manera específica es, a su juicio, “constitucionalmente intolerable”.
Por su parte, Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, expresó su frustración, asegurando que Ábrego “no debió haber sido deportado” y que aún no había recibido respuestas claras en relación con el caso.
Ábrego, de 29 años, tiene estatus legal en los Estados Unidos desde 2019, y residía en Maryland bajo protección migratoria tras argumentar que huía de las amenazas de las pandillas salvadoreñas. A pesar de este estatus, la Casa Blanca sostiene que Ábrego pertenece a la pandilla MS13, una acusación que ha generado controversia en torno a la legalidad de su deportación.
