Un total de 803 salvadoreños figuran actualmente con notificación roja en los registros de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), por delitos que van desde feminicidio agravado hasta tráfico ilegal de personas, según un informe publicado por el estatal Diario El Salvador.
Del total, 739 son hombres y 64 mujeres que enfrentan procesos judiciales por hechos delictivos de alta gravedad, según la base de datos de Interpol. Entre los más buscados está Juan Josué Castillo Arévalo, exmiembro del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP), implicado en el feminicidio de la agente policial Carla Ayala, ocurrido en 2017.
Las órdenes de localización internacional están relacionadas con delitos como agresión sexual agravada en menor e incapaz, organizaciones terroristas, extorsión agravada, violación en modalidad continuada, agrupaciones ilícitas, homicidio agravado y tráfico de personas, entre otros.
La notificación roja de Interpol es una alerta dirigida a cuerpos policiales de todo el mundo, para ubicar y detener provisionalmente a un individuo en espera de extradición. No se trata de una orden de captura internacional, sino de una solicitud de colaboración. Las autoridades locales deciden si detienen a la persona con base en su legislación nacional.
En marzo de 2024, Castillo Arévalo fue condenado a 60 años de prisión por los homicidios de Carlos David Claros Godoy y Porfirio Jesús Godoy Segovia, cometidos entre 2016 y 2017 en San Francisco Javier, Usulután, al oriente de San Salvador. El exagente también enfrenta otro proceso penal por el feminicidio de la agente Ayala, cuyo cuerpo fue hallado en septiembre de 2018 en una zona boscosa del mismo municipio.
Otro caso relevante es el de Christian Samael Zelada López, condenado en ausencia a 50 años de cárcel por feminicidio agravado en perjuicio de su expareja, una estudiante universitaria. El hecho ocurrió en agosto de 2022, cuando la víctima fue atacada con arma blanca y asfixiada dentro de su vivienda. Desde entonces, Zelada permanece prófugo y está bajo notificación roja internacional.
Interpol aclara que, en algunos casos, puede hacer públicos ciertos datos si considera que la persona buscada representa un peligro para la seguridad pública o si se requiere apoyo ciudadano para localizarla.
