Las denuncias por violaciones masivas de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad en Nicaragua continúan acumulándose en Naciones Unidas, según lo reveló el 6 de octubre el Consejo de Derechos Humanos, que analizó un informe sobre la situación del país centroamericano marcado por la represión política, el exilio forzado y la concentración de poder en la Presidencia.
En el 60º período de sesiones del Consejo, celebrado en Ginebra, la lideresa indígena nicaragüense Winnye Bernard relató su experiencia personal de persecución y destierro, que la convirtió en apátrida.
Su testimonio lo respaldó la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que advirtió sobre un agravamiento de los patrones de represión.
“Miles de nicaragüenses hemos tenido que exiliarnos a causa de persecuciones y represalias que van desde la desaparición forzada y el despojo de la nacionalidad, hasta la prisión y el asesinato, y el destierro forzado, como en mi caso”, dijo Bernard ante el foro internacional.
Explicó que lo más duro del exilio es la sensación de vivir en un país ajeno y sin posibilidad de reconstruir una vida estable.
Detenciones, torturas y desapariciones
La directora de Operaciones Globales de ONU Derechos Humanos, Maarit Kohonen Sheriff, detalló durante el diálogo interactivo las conclusiones más recientes del monitoreo internacional.
A junio de 2025, al menos 75 personas seguían detenidas arbitrariamente por motivos políticos, 16 sufrieron torturas —incluida violencia sexual— y 31 permanecían desaparecidas forzosamente tras operativos policiales efectuados en julio y agosto.
El informe documenta además 52 casos de denegación arbitraria de reingreso y 156 expulsiones sin recurso legal entre junio de 2024 y junio de 2025, lo que ha provocado situaciones de apatridia y separación familiar.
“La criminalización absoluta del aborto permanece en vigor, mientras los femicidios aumentaron 21% en 2024 respecto al año anterior, junto con abusos sexuales contra mujeres y niñas, incluidas mujeres indígenas”, añadió Kohonen Sheriff.
Represión indígenas y afrodescendientes
El informe también alerta sobre la explotación de recursos naturales en territorios indígenas y afrodescendientes sin consulta ni consentimiento previo.
En ese contexto, cuatro líderes comunitarios fueron asesinados y una lideresa indígena permanece desaparecida.
Bernard, quien proviene de una comunidad indígena, aseguró que estas violaciones son parte de una historia prolongada de exclusión.
“El despojo de tierras, la criminalización y la persecución no son hechos aislados, sino la continuación de décadas de violencia contra pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos”, declaró.
País sin derechos humanos
Otro de los puntos centrales del informe es la reforma constitucional de 2025, que modificó el 95% del texto anterior y otorgó rango constitucional a la co-presidencia asumida por la vicepresidenta Rosario Murillo sin elección popular.
Según Kohonen Sheriff, el nuevo marco legal “redujo la separación de poderes, eliminó garantías fundamentales como la prohibición de la tortura y debilitó el pluralismo político”.
La funcionaria denunció además que desde 2018 el régimen ha cancelado la personalidad jurídica de 5.535 organizaciones, incluidas 850 religiosas y 41 educativas, lo que afecta la libertad de asociación, religión y la autonomía académica.
En el mismo periodo, 17 periodistas y ciudadanos fueron procesados por la ley de ciberdelitos, mientras el país descendió al puesto 172 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa.
El impacto en la vida personal
En su intervención, Bernard narró que en 2018 la dictadura le prohibió regresar a Nicaragua y en 2022 la borraron de los registros civiles, quedando en la práctica sin nacionalidad.
“Vivir en el exilio significa andar siempre con una mochila porque pensás que tal vez mañana regresás, entonces nunca reconstruís tu vida aquí”, expresó con nostalgia.
ONU Derechos Humanos ha acompañado su caso desde 2023, y en abril de 2025 fue incluido en el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, mecanismo creado por el Consejo para investigar abusos desde las protestas de 2018.
“Ser mencionada en el informe ha tenido un impacto positivo porque visibiliza mi situación y evidencia el patrón sistemático de persecución del Estado nicaragüense contra defensores y sociedad civil”, aseguró Bernard.
Una memoria para la justicia
Para la defensora, los informes de la ONU constituyen una memoria histórica y jurídica que permitirá en el futuro juzgar los crímenes cometidos. “El monitoreo es esencial para la justicia internacional y para garantizar la no repetición”, subrayó.
La Oficina Regional de la ONU en América Central confirmó que continuará documentando violaciones, pese a la falta de cooperación del Gobierno de Managua, y respaldando a las personas defensoras de derechos humanos que, como Bernard, mantienen su lucha desde el exilio.
“Aunque sea a la distancia, el monitoreo debe continuar. Es lo único que nos protege y nos da esperanza”, concluyó Bernard en Ginebra.
