La vicepresidenta de Honduras, María Antonieta Mejía, afirmó que el fiscal general debería enfrentar un juicio político por sus antecedentes y por el uso del Ministerio Público en casos que califica como persecución política. La funcionaria señaló que la decisión corresponde al Congreso Nacional, no al Poder Ejecutivo.
Mejía explicó que el Legislativo tiene la atribución de exigir rendición de cuentas a los funcionarios. En ese marco, indicó que el nuevo Congreso deberá evaluar si procede o no el proceso de juicio político contra Johel Zelaya, tomando en cuenta su historial.
Señalamientos por uso del Ministerio Público
La vicepresidenta expresó que no avala la conducta del fiscal general ni sus acciones al frente del Ministerio Público. Según dijo, el funcionario utilizó la institución para una persecución política evidente, al exponer casos en conferencias de prensa y cadenas nacionales.
Mejía subrayó que un abogado no puede desconocer la ley y, aun así, hacerlo desde una plataforma institucional. Agregó que existen tribunales para dirimir responsabilidades y que no se debe permitir que un fiscal con esos antecedentes permanezca en el cargo.
🔴 “El tema del Fiscal General también le compete al Congreso Nacional. Tendrá que ser el nuevo Congreso el que decida si se le somete a juicio político. En lo personal, no avalo su actuar, no se puede dejar al FG con ese antecedente.”
🗣️ María A. Mejía, designada presidencial. pic.twitter.com/Hrxs4oc5PT
— Frente a Frente (@FrenteaFrenteHN) February 9, 2026
Competencia del Congreso Nacional
La designada presidencial reiteró que el Congreso Nacional es el órgano competente para decidir sobre un juicio político. Aclaró que el Poder Ejecutivo no dirige ese proceso, aunque puede expresar posiciones personales.
En ese sentido, sostuvo que debe sentarse un precedente institucional. Para ella, el análisis legislativo debe considerar los hechos y las acciones previas del fiscal general, así como el impacto en la institucionalidad.
El señalado y su llega al cargo
Johel Zelaya fue electo fiscal general de Honduras el 1 de noviembre de 2023 por el Congreso Nacional, en una sesión marcada por controversia política. El Legislativo, dominado en ese momento por el izquierista Libre, lo designó mediante una comisión permanente y con mayoría simple, pese a que la Constitución exige 86 votos. La elección ocurrió tras el vencimiento del mandato del fiscal anterior y en medio de una parálisis legislativa por falta de consensos.
Desde entonces, la designación de Zelaya ha recibido críticas por presunta ilegalidad, falta de transparencia y sesgo partidista. Sectores políticos lo acusan de actuar con parcialidad, en especial durante procesos electorales, y han planteado la posibilidad de un juicio político por incumplimiento constitucional. Zelaya ha defendido su gestión y sostiene que sus acciones buscan resguardar la institucionalidad y la democracia.