La prensa costarricense ha ido desvelando, a partir de filtraciones judiciales y fuentes de investigación, nuevos detalles sobre el asesinato del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam Ruiz en junio de 2025 en San José, Costa Rica.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) perfila la investigación como un crimen por encargo con posibles motivaciones políticas y conexiones transnacionales.
Medios como La Nación, Teletica y CRHoy han publicado en las últimas semanas extractos de informes judiciales y avances de la investigación que apuntan a la participación de una red criminal con base en Costa Rica, presuntamente articulada desde Nicaragua.
Un operador desde prisión
Según un informe de ampliación fechado el 6 de marzo de 2026, citado por estos medios, el nicaragüense Keny Hosman Navarrete Vallecillo, alias “Chatel”, habría coordinado el asesinato desde el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma.
El documento del OIJ señala que los autores materiales ejecutaron el homicidio “a cambio de dinero”, tras recibir instrucciones del privado de libertad.
Navarrete, de 38 años, cumple condena por delitos comunes, pero los investigadores detectaron en su celda indicios de un manejo de recursos “inusual”, incluyendo anotaciones sobre sumas en dólares y millones de colones.
Para las autoridades, estos hallazgos sugieren la posible “distribución de dineros de algún hecho irregular”, lo que refuerza la hipótesis de una estructura criminal que opera bajo la modalidad de sicariato por encargo.
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Comunicaciones y estructura criminal
Las filtraciones citadas por la prensa detallan además un patrón de comunicaciones entre los sospechosos y el centro penal.
El análisis telefónico revela más de un centenar de contactos entre uno de los implicados y números asociados a La Reforma en los meses previos y posteriores al asesinato, ocurrido el 19 de junio de 2025.
El OIJ identifica como sospechosos a cuatro ciudadanos costarricenses, entre ellos el presunto autor material del crimen, quienes formarían parte de una agrupación dedicada a robos y hechos violentos remunerados.
Estas revelaciones, difundidas por medios como Teletica y CRHoy, consolidan la tesis de que el asesinato de Samcam no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura organizada con capacidad operativa en territorio costarricense.
Advertencias ignoradas y pista política
Uno de los elementos más relevantes divulgados por la prensa es que el propio Samcam había advertido sobre la figura de Navarrete meses antes de su muerte. Según documentos judiciales citados por La Nación, el exmilitar comunicó a un agente de inteligencia costarricense que este individuo “manejaba los hilos desde la cárcel de Alajuela”.
En esos intercambios, Samcam describió un supuesto esquema en el que operadores en Nicaragua seleccionaban objetivos, que luego eran validados por estructuras de inteligencia y ejecutados mediante redes de sicarios en Costa Rica.
El informe del OIJ recoge que estas advertencias no fueron trasladadas oportunamente a instancias judiciales, lo que ha abierto cuestionamientos sobre la coordinación interinstitucional en la prevención del crimen.
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Vínculos con estructuras parapoliciales
Las investigaciones también apuntan a la posible conexión de Navarrete con el grupo conocido como “Los Colochos”, una familia de paramilitares originaria de Diriamba, en el departamento de Carazo, señalada por su participación en la represión de 2018 en Nicaragua.
De acuerdo con fuentes citadas en el expediente y retomadas por medios costarricenses, este grupo habría actuado como intermediario entre operadores en Nicaragua y redes criminales en Costa Rica, lo que introduce un componente político en la investigación.
El informe del OIJ, de 224 páginas, contiene antecedentes sobre las actividades profesionales y políticas de Samcam en Nicaragua, y las amenazas de muerte que le obligaron a exiliarse en Costa Rica el 11 de julio de 2018, tres días después de la ejecución de la “operación limpieza” en Carazo.
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Un crimen bajo escrutinio regional
Aunque el expediente no es concluyente, fuentes cercanas al caso —citadas por la prensa— indican que el OIJ investiga “múltiples pistas de orden político”, en particular la posible persecución contra opositores nicaragüenses en el exilio.
Estas líneas de investigación apuntan a una eventual vinculación con estructuras del poder en Nicaragua, lo que, de confirmarse, elevaría el caso a un nivel de implicaciones diplomáticas y de seguridad regional.
Por ahora, corresponde al Ministerio Público definir el alcance de las acusaciones y determinar si el asesinato de Samcam constituye un crimen político ejecutado fuera de las fronteras nicaragüenses, en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de exiliados en Costa Rica.