El Mecanismo para el reconocimiento de Personas Presas Políticas reportó que, al 31 de marzo de 2026, Nicaragua registra 47 personas detenidas por motivos políticos, evidenciando la continuidad de la represión en el país.
El informe detalla que durante el período se documentaron dos excarcelaciones y tres nuevos casos, lo que refleja la persistencia de las detenciones arbitrarias. Del total, 44 son hombres, tres mujeres y 14 son adultos mayores en las cárceles de la dictadura Ortega-Murillo.
Además, el reporte alerta que 11 personas se encuentran en condición de desaparición forzada, lo que representa un 23 % de los casos, sin que sus familiares tengan información oficial sobre su paradero o estado de salud.
Según el Mecanismo, en los últimos meses, se ha identificado un aumento en la vigilancia y control hacia familiares de personas detenidas o excarceladas, quienes enfrentan amenazas, restricciones y limitaciones para denunciar.
El informe advierte que este contexto genera un subregistro de casos, debido al temor a represalias y a un entorno de coerción constante que dificulta documentar la magnitud real de la situación.
Asimismo, se reporta un deterioro progresivo en la salud de las personas detenidas, vinculado a condiciones de reclusión como aislamiento prolongado, alimentación deficiente, falta de agua y negación de atención médica.
“Las desapariciones forzadas de varios meses… y constituyen, prima facie, un crimen de lesa humanidad”, advierte el informe, al señalar el uso de esta práctica como mecanismo de represión.
El caso del líder indígena Brooklyn Rivera, de 73 años, genera especial preocupación debido a su estado de salud y la falta de información sobre su situación, lo que ha motivado alertas de organismos internacionales.
El informe también destaca que las personas indígenas representan cerca del 30 % de los casos, evidenciando un patrón de persecución contra liderazgos comunitarios en la Costa Caribe.
Ante este panorama, organizaciones de derechos humanos exigen al Estado de Nicaragua presentar pruebas de vida de las personas desaparecidas, garantizar su integridad y poner fin a las detenciones arbitrarias.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua señaló que existen “violaciones y abusos graves de derechos humanos… contra una gama cada vez más amplia de personas consideradas opositoras, reales o percibidas, y sus familiares, de manera sistemática y generalizada”.