La investigación del asesinato del exiliado nicaragüense Roberto Samcam reveló la existencia de una lista de al menos 10 nicaragüenses opositores a eliminar por órdenes de la dictadura Ortega Murillo, según el avance de las investigacions en Costa Rica.
El crimen de Samcam se produjo el 19 de junio de 2025 en la vivienda del opositor en Moravia, San José, cuando un hombre armado ingresó al domicilio y le disparó.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía detuvieron a cuatro sospechosos, quienes permanecen en prisión preventiva mientras avanzan las diligencias.
De acuerdo con la ampliación del expediente judicial, Samcam figuraba en una lista de diez personas identificadas como blancos potenciales
Militar en retiro Roberto Samcam, asesinado en San José el pasado 19 de junio por órdenes de la dictadura Ortega Murillo. CA360/ArchivoLea además: Fiscalía de Costa Rica busca autores intelectuales del asesinato de opositor nicaragüense
Samcam evidenció a los guardias sandinistas
Testimonios recabados por las autoridades señalan que el exiliado se convirtió en un “objetivo específico” tras colaborar en un informe de Naciones Unidas sobre la represión en Nicaragua en 2018.
Ahí se documentaron responsabilidades de altos mandos militares del Ejército de Nicaragua en los crímenes de lesa humanidad cometidos por los sandinistas desde 2018.
Según las declaraciones incluidas en la causa, la difusión de ese informe y su participación en iniciativas políticas en el exilio habrían incrementado el nivel de riesgo contra Samcam.
Uno de los testigos afirmó que ese trabajo, de develar con nombre y apellidos la participación del alto mando militar, “fue la gota que rebasó el vaso”.
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Represión es más amplia
Especialistas consideran que el caso no es aislado. El analista Javier Meléndez, de la organización Expediente Abierto, señaló que el asesinato encaja en un patrón de persecución más amplio contra opositores fuera de Nicaragua.
El expediente también apunta a la posible conexión de uno de los imputados con estructuras operativas en territorio nicaragüense, lo que refuerza la hipótesis de un crimen por encargo con motivaciones políticas.
El exinvestigador del OIJ, Rogelio Ramírez, advirtió que este tipo de acciones responden a lógicas de control propias de regímenes autoritarios, donde el espionaje y la eliminación de adversarios pueden convertirse en prácticas sistemáticas.