El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica solicitó a 12 partidos políticos que amplíen información sobre la solvencia económica de 60 financistas que aportaron recursos a campañas presidenciales y legislativas en los comicios del 1 de febrero, en los que resultó electa la oficialista Laura Fernández Delgado.
El requerimiento fue emitido por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP).
Este detectó la necesidad de aclarar el origen de ciertos fondos tras revisar estados financieros, reportes de donaciones y ventas de certificados de cesión, un mecanismo habitual de financiamiento electoral en el país.
El Partido Pueblo Soberano, la agrupación que llevó a Fernández a la Presidencia y afín al actual mandatario Rodrigo Chaves, concentra la mitad de los casos bajo estudio: 30 de los 60 financistas señalados.
Incremento de alertas
Las solicitudes de información a esta y otras organizaciones comenzaron desde diciembre de 2025, en plena campaña.
Además de Pueblo Soberano, el TSE notificó a partidos tradicionales y emergentes, entre ellos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Liberal Progresista, así como a varias agrupaciones minoritarias que participaron en la reciente contienda.
El organismo electoral explicó que el incremento de las alertas responde al mayor volumen de operaciones registradas en esta campaña y al uso intensivo de certificados de cesión.
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Analizan gastos electorales
Estos instrumentos permiten a los partidos obtener recursos adelantados con cargo a la deuda política futura. Según el DFPP, este mecanismo puede implicar riesgos si no se verifica adecuadamente la procedencia del dinero.
Las autoridades subrayan que la fiscalización busca garantizar la transparencia y la trazabilidad de los recursos, conforme al principio constitucional que exige publicidad en el financiamiento político.
El TSE no descarta abrir nuevos expedientes en las próximas semanas, ya que aún analiza reportes financieros correspondientes a los últimos meses de la campaña, en un proceso que forma parte de los controles posteriores habituales tras cada elección en Costa Rica.
