Los ojos políticos de Centroamérica están puestos este lunes en Washington, donde el presidente salvadoreño Nayib Bukele se reúne con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, convertido en su principal socio migratorio.
Bukele será el primer presidente latino en entrevistarse con Trump en la Casa Blanca desde que el republicano regresó al poder, en enero pasado, ya que los otros jefes de Estado de América Latina que se han reunido con el mandatario lo han hecho en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.
Lo anterior, a todas luces, pone en relieve la estrecha relación entre ambos y el lugar que ocupa Bukele en los intereses de Trump.
Dicho eso, la oficina presidencial de Estados Unidos ya ha dicho que la colaboración salvadoreña en materia de flujos migratorios será uno de los temas principales del encuentro.
It is an honor to have my friend @nayibbukele in the United States.
El Salvador is on the rise!
🇺🇸 🤝 🇸🇻 pic.twitter.com/nBK46FHQrX
— Matt Gaetz (@mattgaetz) April 13, 2025
Luego de que ambos países firmaran un contrato (del que se desconocen la mayoría de sus cláusulas) que sella el pago de $6 millones por parte de Washington a la nación centroamericana, el gobierno de Bukele ha permitido el uso de su prisión de máxima seguridad, el Centro de Confinamiento del Terroristo (Cecot), para recluir a quienes la administración de Trump afirma son presuntos miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13.
En ese sentido, tras invocar una ley que no entraba en vigor desde 1798, Trump ha deportado a casi al 300 ciudadanos venezolanos y otros salvadoreños bajo el argumento descrito anteriormente.
Gracias a la invocación de la norma, el mandatario estadounidense ha acelerado los procesos de deportación que prometió en su campaña para la reelección y ha materializado su política de mano dura contra los flujos migratorios que atraviesan a la primera potencia y a la región.
El primer viaje de personas a El Salvador fue el pasado 15 de marzo, uno en el que, por error, las autoridades de Estados Unidos deportaron a Kilmar Ábrego García.
Como Ábrego García, los otros cientos de deportados han sido acusados sin pruebas de ser pandilleros, de acuerdo de defensores de derechos humanos.
Todo ello ha desencadenado en una batalla judicial que ha enfrentado al Ejecutivo con grupos defensores de derechos humanos y la defensa de las personas expulsadas, que exige respuestas por parte de la actual Administración republicana.
En el encuentro, de acuerdo a lo adelantado, busca afianzar “aún más la alianza histórica entre ambos mandatarios en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado transnacional”.
