El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica comenzó el lunes la distribución del material electoral destinado a las elecciones presidenciales y legislativas programadas para el próximo 1 de febrero. En total, se distribuirán 7,496,306 papeletas en las 7,154 Juntas Receptoras de Votos (JRV) habilitadas en todo el país.
La entrega se ha dividido por regiones. El lunes se cubrió el 28 % de la distribución, abarcando cantones como San José, Alajuelita, Escazú y Alajuela. El martes se llevó material a Puntarenas y Guanacaste; el miércoles se cubrirán zonas como Nicoya, Upala, Siquirres y Desamparados. Para el jueves está previsto completar el envío hacia Limón, San Carlos y Pérez Zeledón, entre otros. El viernes se entregará el resto en lugares como Los Chiles, Golfito, Heredia y Turrialba.
El operativo logístico, que incluye helicópteros, vehículos 4×4 y lanchas para áreas costeras e indígenas, debe concluir con la entrega a las juntas cantonales el sábado 17 de enero. Para el 24 de enero, todo el material debe estar en manos de las JRV.
Paralelamente, desde el 29 de diciembre se comenzó a enviar papeletas a los 49 consulados de Costa Rica en el exterior, para garantizar el voto de los ciudadanos empadronados fuera del país.
Los materiales
Este proceso, que se extenderá hasta el jueves 15 de enero, contempla la entrega de papeletas blancas para la elección presidencial y celestes para las diputaciones. Cada paquete contiene el número exacto de papeletas según el padrón electoral asignado a cada JRV. Además, se incluyen actas, urnas, lista de votantes, cartelones informativos, crayones anaranjados, lapiceros y materiales de logística como sobres, cinta engomada y bolsas de seguridad.
El TSE incorporó ayudas técnicas para personas con discapacidad, tales como lupas, plantillas en Braille, guías para firma, cobertores de crayón, mamparas accesibles y fichas para comunicación con personas sordas.
Los paquetes electorales están equipados con chips de radiofrecuencia para su rastreo y marchamos de seguridad. Su transporte está a cargo de la Fuerza Pública y personal del tribunal, bajo estricta vigilancia mediante GPS.
