Treinta exjefes de Estado y de Gobierno del Grupo IDEA señalaron este martes que los casos de Cuba, Nicaragua y Venezuela “llenan de vergüenza” a las Américas. Lo hicieron al conmemorar los 25 años de la Carta Democrática Interamericana.
En una declaración conjunta, los exmandatarios reafirmaron su adhesión a los elementos esenciales de la democracia recogidos en la Carta. También se presentaron como sus “custodios” ante la opinión pública.
Los firmantes denunciaron que en esos tres países se restringe o se retrasa el ejercicio de la soberanía popular.
Entre ellos figuran el costarricense Óscar Arias, los españoles José María Aznar y Mariano Rajoy, el colombiano Álvaro Uribe y el argentino Mauricio Macri.

Alerta por el “derecho penal del enemigo”
El grupo advirtió de una “deriva hacia el autoritarismo electoral” en algunos países de la región, sin nombrarlos. Denunció que ciertos gobiernos debilitan y subordinan la justicia e imponen un “derecho penal del enemigo” en nombre de los propios derechos humanos.
Los exmandatarios atribuyeron ese deterioro a la “falta de voluntad política” de los actuales liderazgos, no a fallas de la Carta. Sostuvieron que la democracia es hoy un derecho de los pueblos que los gobiernos están obligados a garantizar.
La declaración recuerda que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera la Carta una interpretación auténtica de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por eso, los firmantes defienden su plena vigencia en todo el continente.
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Previo a la reunión de la OEA
El pronunciamiento llega tres días antes de que los cancilleres de la OEA debatan en Washington una resolución sobre Nicaragua.
La dictadura familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo abandonó el organismo, pero sigue siendo parte de la Convención Americana.
En las negociaciones previas, Brasil propuso sustituir el mecanismo de seguimiento por un grupo de personalidades, preferiblemente expresidentes o excancilleres, que medie en la crisis nicaragüense.
La Carta Democrática fue adoptada por unanimidad en 2001 por los Estados miembros de la OEA, entre ellos Nicaragua.







