Tensión entre empresarios y el gobierno hondureño por presiones para aprobar el “paquetazo”

Mientras la administración de Xiomara Castro presiona por la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, gremiales empresariales sostienen que la medida atentará contra las inversiones.

Daniel Fortín, presidente de la Cámara e Industria de Tegucigalpa (CCIT).

La polémica entre el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y el gobierno continúa en torno a las intenciones de la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria o paquetazo.

Anabel Gallardo, presidenta del COHEP, expresó su preocupación por los frecuentes acercamientos de la presidenta Xiomara Castro, a la dictadura de Venezuela y por externar felicitaciones por el “triunfo electoral” de Nicolás Maduro, en medio de una tormenta de acusaciones de fraude.

Además, llamó Gobierno a Venezuela llamó a los hondureños a celebrar un proceso electoral transparente en 2025, enfatizando la importancia de respetar la decisión popular.

La gremial ha insistido, además, en que si la Ley de Justicia Tributaria es aprobada, habría fuga de inversión privada.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Cristian Duarte, respondió a las declaraciones del COHEP subrayando que su organización representa solo a un segmento del sector privado, y no a la totalidad de los empresarios hondureños. 

Duarte argumentó que Honduras es un “guarida fiscal”, donde los más ricos esconden sus ganancias para evadir impuestos, lo que considera anti democrático. 

En este contexto, el ministro defendió la propuesta de una reforma fiscal que no aumentaría los impuestos, sino que buscaría una mayor recaudación de los más pudientes, con el objetivo de generar más empleos y mejorar la economía del país.

En este sentido, el presidente de la Cámara de Industria de Tegucigalpa (CCIT), Daniel Fortín, también cuestionó la afirmación de que 10 familias hondureñas se beneficiaban con $2,600 millones, señalando que estas familias a menudo operan en sectores con exoneraciones fiscales. 

El paquetazo pretende eliminar una serie de incentivos fiscales para empresas, algo que las gremiales de inversores han considerado atentatorio contra la estabilidad económica del país.

La ley lleva varios meses en el Congreso y el oficialismo no ha obtenido los votos necesarios para aprobarla.

Exit mobile version