La CICIH en el limbo: Congreso hondureño estancado entre acusaciones cruzadas del oficialismo y la oposición

La esperada instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) encalló en el legislativo al no aprobarse una reforma clave que le permitiría actuar como querellante, desatando una fuerte confrontación entre el oficialismo y la oposición, quienes se acusan mutuamente de obstaculizar la verdadera lucha anticorrupción.

Congreso de Honduras.

La tan esperada instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) se encuentra en un punto muerto en el Congreso Nacional, en medio de un fuerte intercambio de acusación entre el oficialismo de Libre y los partidos de oposición. La sesión de este miércoles, dedicada al tercer y último debate del proyecto de ley para la creación de la CICIH, evidencia la profunda polarización que obstaculiza su implementación con las plenas facultades.

La principal fricción radica en la reforma constitucional que permitiría a la CICIH actuar como querellante, una medida que, según el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, requiere la aprobación de 2 legislaturas consecutivas y, por ende, el aval de un futuro gobierno. Rivera Callejas acusó al oficialismo de buscar una CICIH “de mentiritas” al no lograr esta reforma, sugiriendo que desea una comisión sin las “garras” necesarias para investigar a fondo.

Diputados de la oposición, como Iroshka Elvir, también expresaron su descontento, exigiendo al presidente del Congreso, Luis Redondo, que diera trámite a una moción para eliminar la Amnistía Política. Según ellos, esta eliminación es crucial para que la CICIH tenga una duración superior a cinco años y no dependa del Fiscal General de la República, a quien acusan de ser un “peón” del “comandante” (en referencia al presidente de la República, aunque no se le nombra directamente en las declaraciones).

Las críticas de la oposición fueron contundentes, con congresistas que tildaron a algunos oficialistas de “narcos y delincuentes” por, supuestamente, querer una CICIH “sin garras para protegerse”. El empresario Eduardo Facussé Salomón, por su parte, lamentó que la CICIH fuera una “promesa de campaña del Partido Libre” no cumplida, calificándolo de una “burla” al pueblo.

Desde la bancada oficialista, el presidente del Congreso, Luis Redondo, acusó directamente a 48 congresistas de bloquear la instalación de la CICIH. Según Redondo, estos legisladores se negaron a votar a favor de otorgar rango constitucional a la comisión y eliminar el fuero o inmunidad legislativa. Redondo enfatizó que toda la bancada del Partido Libre, incluido el vicepresidente Hugo Noé Pino, votó a favor de estas medidas.

La mayoría de los diputados del Partido Liberal también respaldaron la propuesta, con la excepción de Iroshka Elvir de Nasralla, Maribel Espinoza, Suyapa Figueroa y Mauricio Villeda. Del Partido Salvador de Honduras (PSH), solo Tomás Ramírez y Osman Chávez votaron a favor, mientras que José Matheu se retiró por emergencia. Otros votos favorables provinieron de Jorge Zelaya del Partido Nacional, Rolando Barahona, Carlos Raudales y Jorge Gaido de la DC y PAC.

Redondo advirtió que si los congresistas no escuchan el “clamor popular” y continúan defendiendo los intereses de “grupos de poder económicos y políticos que se niegan a pagar impuestos, grupos que dieron el golpe de Estado y que son los mismos que expulsaron a la MACCIH”, el pueblo los juzgará en las urnas durante el próximo proceso electoral de 2025.

La situación actual del Congreso Nacional refleja una profunda división política que pone en entredicho la llegada de la CICIH con la fuerza y ​​la independencia que un sector de la sociedad civil y la oposición exigen para combatir la corrupción en Honduras. La pelota está ahora en el tejado de los ciudadanos, quienes tendrán la última palabra en las próximas elecciones.

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