A raíz de la ola de violencia política contra la Iglesia Católica por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, la cifra de sacerdotes exiliados en Costa Rica se elevó a 19 al finalizar el año 2023.
Así lo reveló el sacerdote nicaragüense Uriel Vallejos, quien este mes reapareció en misa en una iglesia costarricense, tras más de un año en silencio por el exilio.
Vallejos salió de Nicaragua en agosto de 2022, burlando un cerco policial en la casa cural de la Iglesia Divina Misericordia, en Sébaco, municipio del departamento de Matagalpa, donde residía.
Desde entonces viajó a Roma y el Vaticano y recientemente a Costa Rica, donde se le asignó un templo para los oficios religiosos.
Regimen Ortega continua persiguiendo a la Iglesia
'La misión de los psicópatas era cárcel o exilio", asegura el padre Uriel Vallejos
Ortega no detiene su persecucion a la Iglesia catolica. Desde hace días, muchos sacerdotes deben firmar y dejarse fotografiar por la policía de… pic.twitter.com/79VWKGFOLJ
— Emiliano Chamorro / Periodista Nicaragüense (@EmilianoCHM69) January 22, 2024
Vallejos celebró su primera misa en la parroquia San Isidro Labrador, en Vázquez de Coronado, Costa Rica, el pasado 21 de enero.
Decenas de nicaragüenses exiliados en este país acudieron al oficio religioso a recibir a Vallejos y comulgar con el sacerdote, quien se encuentra entre los más de 200 religiosos exiliados, desterrados y desnacionalizados por la dictadura de la familia Ortega-Murillo.
Vallejos denunció que tras el secuestro del obispo Rolando Álvarez en agosto de 2022 y la posterior cacería de sacerdotes en 2023, decenas de iglesias, parroquias y comunidades católicas han quedado “huérfanas” de líderes religiosos, porque estos han optado por el exilio o por el retiro ante los ataques brutales del régimen.
Una de las comunidades más afectadas son las de la Diócesis de Matagalpa, donde la mayoría de miembros del clero se han visto obligados al exilio o han sido desterrados.
Vallejos estaba siendo señalado de “traición a la patria” y “delitos contra la patria”, que son los argumentos con la que la infame dictadura Ortega-Murillo señala a los opositores para secuestrarlos y condenarlos por jueces verdugos del régimen.
