La cifra de personas en condición de desaparición forzada en Nicaragua se duplicó en los últimos meses al alcanzar al menos 23 casos confirmados, advirtieron organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, defensores de libertades fundamentales alertan que la cifra real podría superar la cifra debido al severo subregistro provocado por el temor de las familias de los desaparecidos a sufrir represalias.
Según el reporte presentado por el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas y la Asociación Memoria Justicia (AMJ), el número de desaparecidos escaló de nueve a 23 entre mayo y julio.
Este repunte responde a una nueva ola de detenciones policiales y a que allegados de las víctimas se han atrevido a romper años de silencio.
Entre los casos figuran adultos mayores y familiares del líder indígena Brooklyn Rivera —fallecido recientemente bajo custodia estatal—, así como opositores de los que no existe registro en el Sistema Penitenciario ni acceso a garantías legales.
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El miedo que invisibiliza la crisis
“La desaparición forzada es una práctica sistemática que expone a las víctimas a torturas, negligencia médica y la muerte”, denunció Claudia Pineda, directora de la AMJ, quien recordó que al menos cuatro presos políticos han muerto bajo el control del Estado en estas condiciones.
Por su parte, el abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca Más, explicó que el miedo al hostigamiento policial lleva a muchas familias a “administrar el dolor” en privado antes de denunciar.
Ante este panorama, defensores e hijos de detenidos instaron a reportar las capturas de forma anónima para frenar la impunidad.
Actualmente, las organizaciones contabilizan formalmente a más de 60 presos políticos en el país centroamericano, aunque reiteran que dicho número constituye apenas un mínimo verificable.