La situación de Nicaragua llegará este viernes 2 de octubre a la XXXI Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de Estados Americanos (OEA), con una hoja de ruta de presión y seguimiento con plazos definidos.
El proyecto multinacional es impulsado por Colombia, Perú y Estados Unidos desde la OEA, donde se plantean desde sanciones y aislamiento, hasta exigencias de rupturas con enemigos de Estados Unidos como Rusia, China e Irán
El documento, todavía sujeto a negociación y cambios antes de su votación, exige a la dictadura nicaragüense adoptar medidas “inmediatas, concretas y verificables”.
Liberación de presos
Entre las primeras exigencias figura la liberación incondicional de todos los presos políticos y la entrega de información sobre el paradero y las condiciones de las personas víctimas de desaparición forzada.
El proyecto también reclama restituir la nacionalidad y los registros civiles, además de garantizar el retorno sin represalias, a al menos 452 nicaragüenses desnacionalizados y expulsados del país.
La propuesta pide además restablecer las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, así como permitir que medios, universidades, organizaciones civiles, cámaras empresariales e instituciones religiosas recuperen su personalidad jurídica y sus bienes.
Revertir reformas y retirar presencia extra hemisférica
Otro apartado reclama revertir los cambios constitucionales adoptados en 2025 y 2026 y restablecer la independencia de las instituciones, la separación de poderes y el pluralismo político.
El proyecto introduce además un componente de seguridad hemisférica al exigir retirar de Nicaragua personal, tecnología, capacidades e instalaciones de seguridad extrah hemisféricas cuya presencia o actividades amenacen la paz y seguridad regionales.
También plantea poner fin a los acuerdos relacionados con seguridad y defensa, aunque el texto no identifica expresamente a ningún país, organización o instalación.
Por ello, atribuir esa disposición directamente a Rusia, China o Irán requeriría información adicional que el proyecto no proporciona.
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Un grupo ministerial y dos plazos
La principal novedad consiste en crear un Grupo Ministerial de Seguimiento, integrado por Estados miembros designados por la Presidencia de la OEA y con apoyo técnico de la Secretaría General.
El grupo buscaría contacto directo con Managua, incluso mediante una eventual visita de cancilleres, verificaría el cumplimiento de las demandas y prepararía opciones de respuesta colectiva.
El primer plazo sería de 30 días. En ese periodo, el grupo tendría que elaborar un informe inicial y recomendaciones para la Presidencia de la OEA, mientras evalúa el cumplimiento de las exigencias.
El segundo plazo sería de 45 días. El proyecto propone mantener abierta la Reunión de Consulta y permitir que la Presidencia vuelva a convocarla dentro de ese periodo, o antes si las circunstancias lo justifican.
Una guía para una presión escalonada
El mecanismo no establece automáticamente sanciones. En cambio, ordena desarrollar opciones para una “acción colectiva gradual y coordinada” en los ámbitos diplomático, político, económico, financiero y multilateral.
El texto tampoco fija congelamientos de activos, restricciones comerciales ni una lista de funcionarios sancionables.
Esas eventuales medidas quedarían para una fase posterior y deberían ajustarse a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y el derecho internacional.
La OEA confirmó que la reunión se celebrará el 2 de octubre en Washington y que los cancilleres examinarán la situación de Nicaragua y las acciones que consideren apropiadas.
Así, el proyecto no constituye todavía un paquete de sanciones contra Nicaragua, sino una hoja de ruta escalonada que podría llevar a nuevas acciones colectivas si los Estados miembros aprueban el texto y posteriormente consideran insuficiente la respuesta de Managua.