La situación de los derechos humanos en Nicaragua “ha seguido deteriorándose y reina un clima severo y represivo”, dijo este lunes Nada Al-Nashif, Alta Comisionada Adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una presentación actualizada ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Al-Nashif denunció que “en los últimos meses, las reformas han apuntado a concentrar más poder en la Presidencia y en criminalizar las voces disidentes”.
“Estos acontecimientos han socavado aún más los controles y equilibrios democráticos y han profundizado la represión del espacio cívico, generando más miedo y ansiedad entre los nicaragüenses, incluidos los que están en el exilio”, denuncia el informe.
La alta comisionada adjunta señala que las reformas legales promulgadas recientemente por la dictadura Ortega-Murillo “amplían significativamente los poderes del Estado para perseguir ciertos delitos, incluso cuando las conductas en cuestión pueden haberse cometido fuera de Nicaragua, y apuntan a personas y organizaciones de la sociedad civil percibidas como críticas del gobierno”.
“Estas leyes redefinen los delitos para incluir la actividad en las redes sociales que “induzca al pánico” o amenace la “estabilidad social”. Al clasificar los delitos informáticos como delitos organizados, autorizar la confiscación de activos y otorgar a la policía acceso sin control a los datos personales, estas leyes allanan el camino para una mayor persecución por motivos políticos y una erosión alarmante de los derechos fundamentales”, sentencia.
Según el informe, las reformas constitucionales “erosionarán aún más el estado de derecho” y restingirán los derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica.
“La eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura es particularmente escandalosa”, señaló Al-Nashif.
Desnacionalizados
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia que desde febrero de 2023, al menos 546 nicaragüenses han sido despojados oficialmente de su nacionalidad, lo que ha dejado a muchos de ellos apátridas, y sus bienes han sido confiscados.
“Han sido expulsados y dejados en condiciones precarias en el extranjero. Muchos otros no pueden establecer su nacionalidad nicaragüense porque el Gobierno se niega a renovar sus pasaportes o emitir documentación en el extranjero, borrando su identidad legal e impidiendo sus conexiones con su patria”, señala el informe.
También denuncia la detención arbitraria de presuntos opositores políticos, dirigentes indígenas, defensores de los derechos humanos y dirigentes religiosos sigue siendo generalizada.
La información obtenida por Naciones Unidas revela un patrón consistente de violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones de detención terribles y tortura física y psicológica, incluida la privación del sueño y la negación de atención médica.
Entre las personas desaparecidas, el informe cita a Angélica Chavarría, pareja del fallecido general retirado Humberto Ortega, Brooklyn Rivera, de 72 años y miembro de la Asamblea Nacional en representación de YATAMA, el principal partido político indígena y afrodescendiente, y de Steadman Fagoth Müller, de 71 años, quien era asesor presidencial en temas indígenas al momento de su detención. También denuncia la desaparición del excoronel Víctor Boitano.
“Estos acontecimientos están profundizando la crisis de derechos humanos del país, a expensas de su pueblo”, señala a Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
