El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, cuestionó duramente la reforma constitucional aprobada en primera instancia por Nicaragua. Según el funcionario, los cambios profundizan el cierre de los espacios democráticos y restringen la participación política.
Ramdin afirmó que Nicaragua atraviesa un “desastre político” y señaló que las autoridades parecen empeñadas en confirmar esa situación. Además, advirtió sobre las consecuencias para la población nicaragüense.
Reforma amplía el régimen
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el martes 1 de septiembre una reforma constitucional respaldada por los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El cambio eleva de 6 a 7 años el mandato de los copresidentes y de otros funcionarios electos. También amplía los períodos de los jefes del Ejército y la Policía.
Además, la reforma impide la participación electoral de partidos opositores. Esta disposición reduce aún más el espacio para la competencia política dentro del país.
Ramdin sostuvo que la iniciativa “restringe aún más la participación política” y “cierra los espacios democráticos”.
El secretario de la OEA también cuestionó una disposición que impediría ocupar cargos públicos a personas calificadas como “traidores a la patria”.
A su juicio, esa medida puede utilizarse para excluir a voces disidentes del ejercicio de funciones públicas.
Recientemente afirmé que estábamos presenciando un desastre político en Nicaragua. Lamentablemente, quienes están en el poder parecen empeñados en demostrar que esa apreciación es correcta, con consecuencias terribles para el pueblo nicaragüense.
La propuesta de reforma… https://t.co/bEplglBTZf
— Albert R. Ramdin – OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) September 2, 2026
La OEA advierte sobre derechos políticos
Ramdin afirmó que las modificaciones contradicen los principios de democracia representativa, pluralismo político y respeto de los derechos humanos.
Estos principios forman parte de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana.
El funcionario sostuvo que la Constitución no debe convertirse en una herramienta para limitar la participación de sectores críticos del poder.
Asimismo, defendió el derecho de los nicaragüenses a elegir entre distintas opciones políticas y decidir libremente el futuro del país.
Segunda votación definirá entrada en vigor
La reforma todavía necesita una segunda aprobación legislativa para entrar en vigor.
Rosario Murillo anunció que esa votación comenzará a partir del 18 de enero. La legislación nicaragüense exige dos sesiones legislativas distintas para aprobar cambios constitucionales.
La primera votación ocurrió durante una sesión especial celebrada frente a la catedral de León, a unos 90 kilómetros de Managua. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, informó que el articulado recibió aprobación unánime.
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— OEA (@OEA_oficial) September 2, 2026
Ortega ya había anunciado abolición de elecciones
El nuevo cambio constitucional llega después de que Ortega afirmara el 19 de julio que “no habrá más elecciones” en Nicaragua.
El mandatario justificó esa posición con el argumento de impedir que la oposición tome el poder.
La declaración provocó críticas de varios países centroamericanos, además de Bolivia, Brasil y Chile. Estados Unidos también pidió aumentar el aislamiento internacional del Gobierno nicaragüense.
Panamá, por su parte, retiró a su embajador de Managua.
La oposición opera principalmente desde el exilio
La reforma se produce en un contexto de fuerte debilitamiento de la oposición dentro de Nicaragua.
Tras las protestas de 2018, miles de nicaragüenses abandonaron el país. Entre ellos figuran dirigentes opositores, intelectuales y religiosos.
Varios opositores también perdieron su nacionalidad tras ser acusados de “traición a la patria”.
La represión de las protestas dejó más de 300 muertos, según Naciones Unidas. Desde entonces, el Gobierno de Ortega y Murillo ha reforzado su control sobre las instituciones y la sociedad.
En 2024, el oficialismo ya había impulsado otra reforma constitucional. Esta extendió el mandato presidencial de cinco a seis años y convirtió a Murillo en copresidenta.
También trasladó las elecciones presidenciales, inicialmente previstas para 2026, hasta finales de 2027.
Ramdin sostuvo que los nicaragüenses necesitan instituciones que protejan sus derechos. También reclamó condiciones para elegir libremente a sus dirigentes entre distintas propuestas políticas.
