El secretario general de la OEA, Luis Almagro, denunció con claridad que el Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala tiene el potencial, y lo está utilizando, para romper el proceso de transición presidencial y lo planteó en su informe general sobre la turbulenta situación política que vive el país centroamericano.
Aunque plantea con optimismo la disposición mostrada por el mandatario Alejandro Giammattei para organizar un proceso ordenado y transparente, habla de las amenazas que hay sobre este.
“Es una combinación de agresiones políticas que se han ido transformando en presiones políticas sobre el proceso electoral”, advierte en el escrito de 6 páginas.
Comparto mi informe al Consejo Permanente sobre la Misión para el Proceso de Transición en Guatemalahttps://t.co/SjUy0XmTNm pic.twitter.com/F7vcQHEpIV
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) September 19, 2023
Alerta sobre el “riesgo” de gobernar sin un partido político que valide su gestión, algo que buscaría el Ministerio Público al cancelar a Movimiento Semilla, como lo pretende desde hace semanas.
La situación creada tiene consecuencias, una de ellas es burlar la voluntad popular y lo que ello significa desde el punto de vista constitucional y lo que ello significa desde el punto de vista electoral.
“Hechos como los que surgen de una fiscalía del Ministerio Público, así como un juzgado penal al pretender suplantar al Tribunal Supremo Electoral, vulnerando la voluntad popular por efectos judiciales está directamente afectando o afectaría a la Constitución de la República y al mejor funcionamiento constitucional e institucional del país”, dijo.
“La gobernabilidad tiene que ser asegurada y esto es un trabajo también de este período de transición”, recomendó.
No “podemos permitir que una Fiscalía sin competencias en temas electorales rompa nada y menos rompa la institucionalidad y la Constitución del país”, alegó.
La fiscal general, Consuelo Porras, y el fiscal contra la impunidad, Rafael Curruchiche, son los dos principales villanos en la persecución que ha sido calificada como antidemocrática y que el mismo Arévalo, quien asumirá la presidencia el 14 de enero próximo.
Organismos internacionales, gobiernos amigos, entidades privadas y civiles han denunciado las acciones del Ministerio Público como atentatorias al estado de derecho.
