La reciente ofensiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el Estatus de Protección Temporal (TPS) ha encendido las alarmas entre los salvadoreños residentes en el país norteamericano, quienes, aunque aún conservan la protección migratoria, temen una posible cancelación.
El Departamento de Seguridad Nacional confirmó esta semana la eliminación del TPS para unos 76,000 hondureños, nicaragüenses y nepalíes, sumándose a la revocación de este beneficio para más de 800,000 haitianos y venezolanos en los últimos meses.
La protección para El Salvador continúa vigente hasta septiembre de 2026, una extensión otorgada durante el gobierno del expresidente Joe Biden. No obstante, la reciente cancelación del TPS para Haití ha elevado la incertidumbre entre los salvadoreños, que conforman una de las mayores comunidades amparadas por este programa desde 2001.
A pesar de la buena relación entre Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, cuya administración colabora con Estados unidos al alojar en la megacárcel a unos 230 migrantes retornados, en su mayoría venezolanos, organizaciones migrantes temen que El Salvador sea el próximo objetivo de la Casa Blanca.
“Con esta administración no sabemos qué va a pasar, así que todo el mundo debe prepararse para una eventual terminación del TPS”, advirtió Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal).
Tejada señaló que ya hay personas despedidas por no recibir a tiempo sus nuevos permisos de trabajo, lo que también complica la renovación de licencias de conducir.
El caso de Rodolfo Villanueva Aguilar y su hijo Dennis, detenidos por agentes de ICE el 24 de junio en Los Ángeles mientras trabajaban en jardinería, ilustra la situación. A pesar de estar amparados, fueron trasladados a un centro de detención en El Paso, Texas, complicando su defensa legal.
Mientras tanto, la Casa Blanca enfrenta nuevas demandas por la cancelación del TPS para varios países. José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, sostuvo que:
“Un ataque contra un país designado para TPS es un ataque contra todos los beneficiados”.
