La Sala Constitucional de Costa Rica admitió el lunes un recurso de amparo contra el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión aprobado por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), cuyo diseño, según los recurrentes, excluye a medios comunitarios, regionales y culturales.
El recurso fue registrado bajo el expediente 25-031501-0007-CO y fue presentado por un usuario de los servicios de radiodifusión. El documento cuestiona los criterios técnicos y económicos establecidos por la Sutel, al considerar que restringen el acceso al espectro radioeléctrico a medios alternativos y favorecen la concentración mediática.
La parte actora sostiene que el modelo de subasta prioriza criterios económicos, imponiendo precios base elevados que dificultan la participación de emisoras locales. En su criterio, esto atenta contra principios fundamentales como el pluralismo informativo, la libertad de expresión y el acceso a la información, en especial en zonas rurales del país.
La Sala ordenó al Ministerio de la Presidencia y a la Sutel rendir un informe conjunto sobre los hechos denunciados, en un plazo de tres días hábiles. Además, confirmó que otros dos recursos similares, expedientes 25-036628-0007-CO y 25-036595-0007-CO, se encuentran en análisis de admisibilidad.
Denuncian que subasta pone en riesgo la libertad de expresión
El Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex) expresó su preocupación por el proceso, al considerar que debilita el ecosistema mediático nacional. La organización alertó que los requisitos técnicos y financieros excluyen a medios comunitarios, culturales y religiosos, los cuales constituyen pilares del pluralismo democrático.
“Sin diversidad no hay democracia: La subasta de frecuencias es un golpe a la libertad de expresión”, advirtió Iplex en un comunicado. A su juicio, los costos establecidos —que oscilan entre $9,600 para frecuencias AM y hasta $1.6 millones para televisión nacional— dejan fuera a decenas de medios sin capacidad económica para competir.
Emisoras como Radio HIT, Onda Brava, Santa Clara y TV Sur han declarado públicamente que no pueden asumir los costos exigidos y algunas ya anunciaron acciones legales. Otras migran hacia plataformas digitales, aunque enfrentan limitaciones de conectividad en zonas rurales.
El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica solicitó la suspensión precautoria del proceso. Por su parte, la Cámara Nacional de Radio (Canara) y la Cámara Nacional de Radio y Televisión (Canartel) han pedido medidas cautelares y la prórroga de sus concesiones por cinco años más.
Mientras no exista una orden judicial que lo suspenda, la subasta continuará su curso. La revisión de ofertas se desarrollará en fases técnicas y económicas, con resultados previstos entre marzo y abril de 2025. Las frecuencias asignadas a instituciones públicas como la UCR, UNED, SINART y el ICER han sido excluidas del proceso.
El presidente Rodrigo Chaves anunció que abordará el tema durante su conferencia semanal en Casa Presidencial. Además, convocó a las estaciones de radio católicas y evangélicas a una reunión para escuchar sus inquietudes y buscar soluciones.
“El único interés de este gobierno es maximizar el beneficio para la mayoría de personas”, aseguró el Ejecutivo en un comunicado.
