La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España solicitó al Gobierno de Pedro Sánchez que aplique mecanismos de protección a siete periodistas nicaragüenses exiliados en Costa Rica, convertidos en apátridas de facto por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que les niega toda documentación oficial, incluida la renovación de pasaportes.
La organización defensora de la libertad de prensa pidió que los informadores accedan a la nacionalidad española por “carta de naturaleza”, como ya ha ocurrido con otros nicaragüenses despojados de su nacionalidad por razones políticas, y que se reconozca su situación como víctimas de persecución por su labor informativa.
Los firmantes de la solicitud son Carmen Lucía Navas Galeano (directora de Expediente Público), Tania Jeanneth López Rodríguez, Óscar Enrique Navarrete Aguilar (fotógrafo de La Prensa), Gerall Isaac Chávez Nicaragua (director de Nicaragua Actual), Donaldo Eliezer Hernández Reyes (VOA y Realidades), Luis Eduardo Martínez Membreño (director de Mosaico) y Reyna María Tapia Vallecillo (directora de Entrepatrias).
“Como consecuencia de nuestro trabajo periodístico independiente, el régimen de Nicaragua ha confiscado o se ha negado a renovar nuestros pasaportes, dejándonos en una desprotección legal que vulnera nuestros derechos fundamentales, particularmente el derecho a la nacionalidad y la libertad de movimiento”, señala la carta enviada al Ejecutivo español.
Periodistas exiliados enfrentan la muerte civil: El drama de la apatridia nicaragüense https://t.co/X5e7dMyWn6
— La Mesa Redonda (@lamesaredondan1) June 11, 2025
La vicepresidenta de RSF España, Edith Rodríguez Cachera, recordó que el régimen Ortega-Murillo ha sido catalogado como uno de los principales depredadores del periodismo en el mundo, y subrayó la urgencia de brindar apoyo a estos profesionales. “Los periodistas en el exilio deben poder seguir ejerciendo su profesión con dignidad, pues son la última llama de contrapoder y oposición a las dictaduras”, afirmó.
Un país sin prensa libre
Según la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2025 de RSF, Nicaragua ocupa el puesto 172 de 180 países, por debajo incluso de Cuba.
La represión sistemática contra la prensa se intensificó desde 2018, tras la rebelión cívica que dejó al menos 355 muertos a manos de policías y militares, y desató una ola de cierres de medios, encarcelamientos y exilio forzado.
Desde entonces, más de 60 medios han sido cerrados o destruidos y al menos 22 periodistas, escritores y figuras culturales han sido despojados de su nacionalidad.
El caso de los siete periodistas exiliados en Costa Rica es paradigmático de esta situación. Aunque viven fuera del alcance directo del régimen, siguen siendo víctimas de represión transnacional, sin estatus migratorio regularizado y con escasas posibilidades de seguir ejerciendo su profesión. Muchos enfrentan, además, precariedad económica, pérdida de estatus laboral y deterioro emocional.
Costa Rica, país vecino y primera parada del exilio, acoge la mayor parte de los periodistas expulsados de Nicaragua. Le siguen Estados Unidos y España, donde se han establecido al menos cinco medios fundados por comunicadores nicaragüenses en el exilio.
Una petición con urgencia humanitaria
RSF España, que mantiene contacto estrecho con la comunidad nicaragüense en el exilio y ha acogido temporalmente a varios reporteros, pidió al Gobierno español que actúe “a la mayor brevedad”, brindando protección jurídica a estos siete periodistas y facilitando su inserción profesional.
Esta solicitud cobra aún más relevancia de cara al próximo Día Mundial del Refugiado, el 20 de junio, cuando RSF publicará un informe especial sobre los desafíos del exilio para los periodistas y los vacíos legales que enfrentan en países como España, donde el idioma no es barrera, pero sí lo son los trámites burocráticos y la falta de mecanismos específicos de protección para comunicadores.
“Proteger a estos periodistas es también proteger el derecho a la información y, por extensión, a la democracia”, concluyó RSF.
