El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más atendió 304 casos de ciudadanos que fueron víctimas de torturas y malos tratos, y que luego tuvieron que exiliarse por seguridad. Los casos documentados ocurrieron durante los últimos seis años.
El Décimo Informe contra la Tortura en Nicaragua documenta el caso de 304 nicaragüenses que desde 2020 se encuentran exiliados en Costa Rica y otros países porque sufrieron torturas y malos tratos a causa de la severa persecución de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La organización de derechos humanos aseguró que brindó atención psicológica a los exiliados torturados, quienes manifestaron también haber sido víctimas de detenciones arbitrarias, traslados irregulares a centros penales, estaciones policiales y centros clandestinos donde los mantenían en situaciones críticas.
Las 304 personas expresaron que en los centros de detención los sometieron gravemente en su integridad física y mental, violentaron sus derechos a la libertad personal, a la seguridad y dignidad humana. El Observatorio Nicaragüense contra la Tortura del Colectivo aseguró que la dictadura mantienen una política represiva.
Dicha política se fundamentaría en las detenciones arbitrarias de críticos, la violencia estatal contra ciudadanos, el encubrimiento de violaciones a derechos humanos y la utilización del miedo para controlar socialmente a los ciudadanos.
Más de 40 formas de torturas y 170 agresores
El informe señala que las 304 víctimas relataron cómo fueron sometidos a al menos 40 diferentes formas de torturas, entre ellas, violencia sexual, abusos sexuales, torturas psicológicas, sufrían múltiples golpizas, los asfixiaban, les daban choques eléctricos y les provocaban quemaduras.
Además, algunos torturados dijeron ser sometidos a aislamientos prolongados, no les permitían recibir atención médico aunque fuera urgente, los amenazaban de arremeter contra otros de sus familiares y simulaban escenarios para hacerles creer que los asesinarían.
Algunas de las víctimas lograron identificar a sus agresores, así es que el Colectivo logró documentar los nombres y apellidos de 170 presuntos autores intelectuales y materiales de las torturas, quienes principalmente pertenecen a la policía, a los centros penales y autoridades estatales.
El Colectivo calificó lo ocurrido contra las víctimas como “crímenes de lesa humanidad” porque constituyen persistentes mecanismos de control, castigo y persecución contra opositores, por lo que, aseguran que las autoridades deberían ser juzgadas por Estados democráticos y la Corte Penal Internacional.
