La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, inicia este lunes una visita oficial a Guatemala para evaluar el estado de la justicia y su autonomía frente a presiones políticas.
Durante su estancia, que se extenderá hasta el 23 de mayo, la experta analizará las garantías de imparcialidad del Poder Judicial, el rol del Ministerio Público y las condiciones en que se ejerce la abogacía en el país. Además, abordará temas clave como el derecho a un juicio justo, el acceso igualitario a la justicia, y la situación de protección a operadores judiciales, integrando una perspectiva de género en su análisis.
La fiscal general Consuelo Porras, cabeza del Ministerio Público, ha sido sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea, Suiza y Reino Unido, entre otros, por considerarla un actor corrupto y antidemocrático. Varios de sus colaboradores más estrechos también han sido sancionados.
Satterthwaite sostendrá reuniones con autoridades gubernamentales, incluyendo el presidente Bernardo Arévalo, jueces, fiscales, legisladores y representantes de la academia, sociedad civil y organismos internacionales. “El propósito es evaluar cómo se garantiza la imparcialidad del poder judicial y del Ministerio Público, y cómo se ejerce la abogacía sin interferencias”, explicó el mandatario guatemalteco.
La experta también emitirá recomendaciones orientadas a fortalecer el Estado de derecho mediante la cooperación internacional. Paralelamente, a partir del 19 de mayo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos llevará a cabo audiencias públicas en el país para supervisar el cumplimiento de sentencias en materia de derechos humanos.
Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), consideró que ambas visitas internacionales “llegan en un momento oportuno para fortalecer este sector y dar confianza a la ciudadanía”.
La visita culminará con una conferencia de prensa el viernes 23 de mayo, con acceso restringido a medios previamente acreditados. El informe final será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2026.
