La dictadura de Nicaragua avanzó este martes en una profunda reestructuración del Poder Judicial, tras proponer como nuevos magistrados a figuras estrechamente vinculadas con la represión judicial contra opositores.
Entre los candidatos destacan la fiscal general Ana Julia Guido y los exmagistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Octavio Rothschuh y Ernesto Rodríguez. Todos ellos están sancionados por Estados Unidos y Europa por graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La propuesta de la dictadura matrimonial Ortega Murillo llegó a la Asamblea Nacional en medio de una ola de renuncias de magistrados considerados “desechables” en el nuevo esquema de control absoluto del aparato judicial.
Lea también: Dictadura de Nicaragua profundiza su reordenamiento judicial con renuncias de dos magistradas
Desechables
José Manuel Martínez Sevilla, Virgilio Gurdián y Armengol Cuadra López presentaron sus dimisiones esta semana, abriendo espacio para un relevo rápido y totalmente alineado con la pareja gobernante.
Según Washington, Guido dirigió desde la Fiscalía una maquinaria destinada a fabricar causas penales contra opositores.
Mientras que Rothschuh y Rodríguez avalaron decisiones arbitrarias que despojaron de la nacionalidad a más de 300 nicaragüenses entre 2022 y 2023.
Las sanciones, impuestas entre 2020 y 2023, describen un patrón de persecución que organismos internacionales han calificado como “sistemático” y “crímenes de lesa humanidad”.
Piezas macabras
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), establecido por la ONU, ubicó a Guido como pieza clave del engranaje represivo y violador de derechos humanos.
Señaló que recibía instrucciones directas de Ortega, Murillo o del asesor de seguridad Néstor Moncada Lau y que coordinaba investigaciones judiciales con criterios políticos.
Junto con Guido, el oficialismo propuso a Shura Bonilyn Welcome Crawford, jueza penal de Bluefields; a José Manuel Fuertes Toledo, dirigente político del FSLN en Boaco.
Y nuevamente a Rodríguez Mejía, responsable de ejecutar la sentencia que despojó de su nacionalidad a 94 opositores el 15 de febrero de 2023.
Rodríguez, como presidente del TAM, operó —según el GHREN— bajo órdenes del magistrado Marvin Aguilar y de la jueza Karen Chavarría para garantizar condenas contra presos políticos.
Rothschuh, por su parte, presidió la Sala Penal Uno y declaró “traidores de la patria” a 222 expresos políticos en 2023.
Lea además: Asamblea sandinista aprueba “superministerio” de justicia bajo control de Ortega y Murillo
Purga en el Poder Judicial
La recomposición avanza en paralelo a la salida de dos magistradas sandinistas, Yadira Centeno y Ellen Joy Lewin, cuyas renuncias por “motivos de salud” fueron aceptadas el 20 de noviembre.
Con estas, ya son cinco las vacantes en la CSJ desde la entrada en vigor de la nueva Constitución, que redujo la independencia judicial y elevó a Rosario Murillo al mismo rango que Ortega en la cúspide del poder estatal.
Analistas consideran que estas movidas consolidan un tribunal supremo subordinado al proyecto autoritario del régimen y destinado a blindar la sucesión dinástica, reforzando un sistema judicial sin contrapesos y al servicio de la represión política.
