La dictadura de Daniel Ortega, a través del Ministerio del Interior (MINT), ordenó este jueves la cancelación de la personalidad jurídica de 169 organizaciones en Nicaragua, incluyendo la histórica Iglesia Morava, una de las principales confesiones religiosas evangélicas en la Costa Caribe del país.
Esta medida se enmarca en una larga serie de acciones represivas dirigidas contra la sociedad civil y las instituciones religiosas.
El decreto, publicado en La Gaceta, el diario oficial del gobierno, fue firmado por la ministra María Amelia Coronel Kinloch, quien justificó la decisión alegando el supuesto incumplimiento de las leyes que regulan a estas organizaciones.
Según el régimen, los organismos afectados no habrían reportado sus estados financieros durante períodos que van desde 2 hasta 30 años, incumpliendo con la presentación de detalles sobre ingresos, egresos, donaciones y juntas directivas.
Entre las ONG canceladas se encuentran asociaciones de ganaderos, iglesias evangélicas, y grupos de excombatientes, pero destaca particularmente la Iglesia Morava de Nicaragua, una institución fundada en 1849 por misioneros moravos de Alemania. Esta iglesia, que ha sido un pilar en la comunidad de la Costa Caribe Sur, especialmente en Bluefields, cuenta con alrededor de 300,000 feligreses, en su mayoría indígenas miskitos, mayagnas y afrodescendientes.
Antecedentes de persecución religiosa y contra la sociedad civil
La cancelación de la Iglesia Morava es el último episodio en la creciente persecución religiosa en Nicaragua, que ha escalado significativamente desde el inicio de la crisis sociopolítica en 2018. El régimen de Ortega ha intensificado su ataque no solo contra la Iglesia Católica, que ha sido vocal en su crítica al gobierno, sino también contra iglesias evangélicas y, más recientemente, contra la Iglesia Morava.
En julio, la Comisión de Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional denunció que la Iglesia Morava estaba siendo víctima de persecución, al igual que otras instituciones religiosas en Nicaragua. La líder mískitu exiliada, Anexa Alfred, señaló que esta represión está directamente vinculada a las violaciones sistemáticas de derechos humanos que sufren las comunidades indígenas y afrodescendientes en el país, incluyendo la invasión de tierras, el saqueo de recursos naturales, y la violencia estatal que ha resultado en desplazamientos forzados y desapariciones.
Desde 2018, el régimen de Ortega ha cancelado la personalidad jurídica de más de 5,000 ONG, en lo que observadores internacionales han calificado como un intento de desmantelar la sociedad civil nicaragüense. Muchas de estas organizaciones trabajaban en áreas como derechos humanos, educación, y desarrollo comunitario, y su eliminación ha dejado un vacío significativo en el tejido social del país.
La represión contra la Iglesia Morava y otras organizaciones religiosas y civiles refleja la estrategia del régimen para consolidar su control absoluto sobre el país, silenciando cualquier forma de disidencia o resistencia, mientras profundiza el aislamiento internacional de Nicaragua.
El cierre de estas organizaciones no solo afecta a las comunidades que dependen de sus servicios, sino que también envía un mensaje claro a cualquier institución que se atreva a desafiar al régimen de Ortega.
