El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo protestó ante el Gobierno de Costa Rica por el llamado del Movimiento Campesino Anticanal a una intervención militar internacional en Nicaragua y acusó a esa organización opositora de involucrar a menores de edad en sus actividades.
El canciller de la dictadura, Valdrack Jaentschke, envió una comunicación al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica en la que rechazó las solicitudes del movimiento para una acción militar que permita desplazar del poder al Gobierno sandinista.
La Cancillería sandinista afirmó que el grupo ha pedido “en múltiples ocasiones” una intervención militar para, según Managua, “lesionar los derechos fundamentales” de los nicaragüenses.
El régimen también cuestionó la legitimidad del Movimiento Campesino Anticanal, al que calificó como “autodenominado”, y aseguró que no existe un registro oficial sobre sus integrantes ni sobre la cantidad de miembros que lo conforman.
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Managua cuestiona a San José
En su protesta diplomática, el régimen tiránico de Ortega y Murillo acusó a la organización campesina de exponer a menores de edad en espacios políticos, una práctica que calificó como una “vulneración inadmisible” de sus derechos.
“El régimen nicaragüense sostuvo que la infancia no debe ser utilizada como elemento de legitimación o escudo en escenarios que superan su madurez emocional y física”, según el documento enviado a Costa Rica.
Jaentschke pidió al Gobierno costarricense garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
La reacción de Managua ocurre después de que el Movimiento Campesino Anticanal, integrado por opositores exiliados en Costa Rica, solicitara el pasado 6 de septiembre a organismos internacionales una intervención militar para sacar del poder a Ortega y Murillo, atornillados desde 2007.
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Campesinos denuncian cierre democrático
El grupo realizó su pronunciamiento durante una asamblea en Upala, Costa Rica, donde eligió a Nuria Sequeira como nueva coordinadora de la organización.
En su comunicado, los campesinos denunciaron el aumento de presos políticos, desapariciones forzadas, restricciones a la libertad de prensa y persecución contra comunidades indígenas y afrodescendientes.
También señalaron el cierre de organizaciones civiles, la cancelación de partidos políticos y la criminalización de sectores opositores como parte de una crisis que, a su juicio, agotó las vías pacíficas.
La petición no representa una postura unánime entre los liderazgos campesinos. La dirigente exiliada Francisca Ramírez, una de las figuras históricas del movimiento contra el proyecto del canal interoceánico, no suscribió el documento.
El conflicto diplomático se produce días después de que Costa Rica criticara las reformas constitucionales impulsadas por Ortega y Murillo, que amplían el mandato presidencial y reducen espacios de participación opositora.
