La organización ambientalista Fundación del Río acusó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de incumplir los compromisos asumidos con Costa Rica para combatir la minería ilegal en la zona fronteriza del Río San Juan.
Ello ocurre mientras la presidenta costarricense, Laura Fernández, reclamó mayores controles de seguridad y reformas legales tras ser evacuada durante una visita oficial a Crucitas por una explosión atribuida a mineros clandestinos.
Según un informe divulgado por el director de Fundación del Río, Amaru Ruiz, Nicaragua no solo ha fallado en contener el ingreso irregular de mineros artesanales hacia las áreas de extracción ilegal de oro cercanas a la frontera.
Además, según él, ha favorecido el incremento de la actividad minera mediante la entrega de concesiones en zonas sensibles próximas al territorio costarricense.
La denuncia se produce cuatro meses después de que ambos países acordaran, en febrero pasado, reforzar la vigilancia fronteriza para frenar el traslado de sedimentos auríferos extraídos ilegalmente en Crucitas y transportados por el río San Juan hacia Nicaragua.
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Señalamientos contra Managua
Fundación del Río afirmó que, pese a algunos operativos reportados por el Ejército nicaragüense, la minería ilegal continúa activa en un corredor de unos 36 kilómetros a lo largo del río San Juan.
La organización sostiene que los controles militares y de transporte acuático no han logrado impedir el desplazamiento de mineros ilegales ni el traslado de insumos y materiales utilizados para la extracción de oro.
Además, denunció que los transportistas siguen desembarcando personas y mercancías en puntos no autorizados sin enfrentar sanciones.
El informe también advierte sobre la presencia de nuevas explotaciones en los cerros La Conchuda y El Conchudo, en territorio nicaragüense, así como sobre concesiones vinculadas a empresas de capital chino cerca de la frontera, lo que, según la ONG, podría estimular aún más la actividad minera ilegal en la zona.
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Fernández exige medidas más duras
Las denuncias coincidieron con la visita de Fernández a Crucitas, donde una detonación ocurrida a unos 200 metros de su comitiva obligó a los equipos de seguridad a evacuarla de forma preventiva.
La mandataria descartó un atentado y afirmó que la explosión probablemente la detonaron mineros ilegales que utilizan explosivos para remover tierra en busca de oro.
“Lo que escuchamos es lo que se escucha aquí todos los días: explosiones, detonaciones y ráfagas de balazos para repeler a los policías”, declaró.
Fernández aprovechó el incidente para reclamar una reforma legal que permita castigar la minería ilegal como una actividad vinculada al crimen organizado y no únicamente como un delito ambiental.
También pidió reforzar la seguridad en la frontera norte, endurecer los controles migratorios y aumentar la presencia policial en una región donde, según dijo, operan estructuras criminales transfronterizas.
Fundación del Río concluyó que la crisis de Crucitas no podrá resolverse sin una mayor cooperación de Nicaragua para detener el flujo de mineros ilegales y frenar la expansión de actividades extractivas en zonas fronterizas de alto valor ambiental.