El procurador de la Nación, Luis Carlos Gómez, pidió el miércoles a la Corte Suprema de Justicia declarar inconstitucional el contrato de concesión entre el Estado panameño y Panama Ports Company, tras una demanda de dos abogados y en medio de los cuestionamientos de la administración de Donald Trump sobre el control chino del Canal de Panamá.
Gómez emitió su opinión como parte de una demanda de inconstitucionalidad presentada por los abogados Norman Castro y Julio Macías contra el artículo 1 de la Ley 5 del 16 de enero de 1997, que aprueba el contrato de concesión de puertos en Balboa y Cristóbal a favor de Panama Ports Company S.A., el nombre con el que opera en el país la empresa china CK Hutchinson Holdings.
De acuerdo con Gómez, la norma demandada, la Ley N° 5 del 16 de enero de 1997, es inconstitucional, por lo que solicitó a la Corte Suprema de Justicia que así sea declarada.
Gómez dijo que el contrato afecta el bienestar y el interés público, que afecta la libre competencia y la demanda.
El procurador envió su opinión a la jueza presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Eugenia López Arias, el 19 de febrero. En la nota enviada a López Arias, Gómez solicitó al pleno CSJ que declare, en el momento de tomar su decisión, la inconstitucionalidad del contrato.
Entre los puntos claves que consideró el procurador para emitir su opinión están: la transferencia de derechos que consideró indebidamente transferir derechos privativos del Estado panameño a Panamá Ports Company. Además, estima que esta transferencia de derechos afecta la libre competencia, la prerrogativa de la empresa que incluye la concesión de áreas de tierras.
La demanda de los abogados Castro y Macías Hernández fue interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia el pasado 3 de febrero, actuando en nombre propio, considerando que la ley que concede el contrato es inconstitucional. En la demanda, los abogados alegan que el contrato con la empresa china contiene los mismos vicios legales que el contrato suscrito con Minera Panamá y que fue declarado inconstitucional por la Corte en noviembre de 2023.
Panama Ports mantiene un contrato de vigencia por 50 años, el cual culmina en el año 2047. La Corte ya recibió en 2021 una demanda contra la extensión del contrato, pero fue desestimada.
Según Gómez su opinión toma en cuenta una auditoría del Contralor General de la República. La Contraloría de Panamá inició en enero una auditoría financiera y de cumplimiento a PPC ante cuestionamientos sobre los beneficios económicos que la empresa aporta al país.
El fiscal general enfatizó en su conclusión que los demandantes, Norman Castro y Julio Macías Hernández, demostraron que al negociar ese contrato, se acordó indebidamente transferir los derechos del Estado panameño.
El contrato ha sido cuestionado tanto por el presidente estadounidense Donald Trump como por el Secretario de Estado, Marco Rubio. El Secretario ha denunciado que las instalaciones portuarias chinas en ambos extremos del Canal de Panamá representan una amenaza militar y podrían ser utilizadas por Pekín en una crisis para cerrar el transporte militar.
