El manejo del Presupuesto General de la República de Honduras 2025 estaría privilegiando fines partidarios por encima de las necesidades sociales más urgentes, advirtió este lunes la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Según el análisis de esta organización, basado en cifras oficiales y solicitudes de acceso a la información, a mitad del año apenas se ha ejecutado el 42 % del presupuesto aprobado, con graves señales de desequilibrio en la asignación de recursos.
Uno de los hallazgos más preocupantes es el bajo nivel de inversión pública: sólo el 23 % de los fondos destinados a bienes capitalizables han sido utilizados. Esta lentitud en la ejecución, en un contexto preelectoral, incrementa el riesgo de que los recursos estatales sean usados con fines proselitistas, advierte el informe.
A pesar de que el presupuesto de 2025 creció un 5.8 % respecto al año anterior —y un 49 % en comparación con 2021—, la mayor parte de ese dinero (88 %) se destina al pago de sueldos, deuda pública y transferencias. Mientras tanto, sólo diez de las 113 instituciones públicas concentran el 80 % del presupuesto ejecutado hasta junio.
A mitad de año, el 42 % del Presupuesto General de la República se ha ejecutado, lo que representa desafíos que limitan el acceso oportuno a servicios a la población.
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— Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) (@asjhn1) July 28, 2025
Los sectores sociales clave, como salud y educación, son los más afectados por este enfoque de gasto. El presupuesto de la Secretaría de Salud apenas creció un 0.5 %, y experimentó recortes que superan los 350 millones de lempiras. De forma alarmante, el informe revela que no se ha ejecutado ni un solo lempira en vacunas hasta la fecha, y apenas el 27.2 % de lo previsto para medicamentos ha sido utilizado. La ejecución general de esta secretaría ronda el 39.7 %.
En materia educativa, el panorama no es mejor. La Secretaría de Educación solo recibió un aumento del 5 %, y otras entidades como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia sufrieron recortes de hasta un 18 %.
En cambio, instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario y la Secretaría de Planificación Estratégica duplicaron sus asignaciones presupuestarias (con aumentos de 101 % y 100 %, respectivamente). Esta última ha destinado el 93 % del gasto ejecutado a rubros de publicidad e impresión, y un 40 % a pago de sueldos, lo que genera serias dudas sobre la orientación del gasto.
Otro caso que genera cuestionamientos es el de la Secretaría de Defensa, cuyo presupuesto aumentó en más de 1,100 millones de lempiras ($41.75 millones). De ese monto, 400 millones ($15.18) se han destinado a la compra de equipo militar, y 85 millones ($3.23) al proceso electoral.
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) también registró un incremento del 86 % en el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. No obstante, el 90 % de esos recursos han sido usados para pagar salarios, a pesar de los pobres resultados de la estatal energética y los altos niveles de pérdida en su operación.
En el área del gasto social, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha ejecutado el 74 % de su presupuesto. Sin embargo, buena parte de esos fondos —provenientes de los 2,850 millones de lempiras ($108.17) aprobados para este rubro— ha sido canalizada a través de la Secretaría de Gobernación y Justicia (59 %), el FHIS (23 %) y apenas un 17 % mediante Sedesol. Este esquema ha sido objeto de denuncias por presunto uso partidario de los recursos.
En ese sentido, la ASJ advierte sobre el “grave riesgo de desvío de fondos públicos” en el actual contexto político y reitera la necesidad urgente de profesionalizar la gestión pública, establecer controles técnicos en la reasignación presupuestaria y asegurar transparencia en el uso del dinero estatal.
Entre sus principales recomendaciones destacan: fortalecer la inversión en salud y educación, reducir el gasto militar, contener el crecimiento de la masa salarial, frenar el clientelismo, y transparentar las modificaciones presupuestarias para evitar que el presupuesto se convierta en una herramienta de manipulación política.
“Cada lempira debe invertirse con responsabilidad y visión de país”, concluye la ASJ, al tiempo que llama a las autoridades a asumir el compromiso de garantizar que el presupuesto sirva realmente al bienestar de la población hondureña.
