El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, aseguró que no tomará una decisión apresurada sobre las medidas a tomar sobre la mina de cobre porque no quiere repetir errores del pasado en que se tomaron decisiones rápido “sobre un asunto que este país va a cargar durante décadas”.
Durante una conferencia de prensa, el mandatario panameño dijo que analizará con sus abogados y con el gabinete de gobierno el informe presentado ayer por la Comisión interministerial en el que se recomienda un “cierre ordenado” de la mina, proceso en el que no se debería hacer uso de recursos públicos.
Mulino aseveró que no quiere “repetir el error de decidir en cuatro días” un tema que deja consecuencias a largo plazo para su país, por ello, dijo que se tomará el tiempo necesario para decidir y que será el mismo quien anuncie su decisión final.
“Voy a estudiar este informe con mi Gabinete, con mis abogados y con el tiempo que un documento de esta magnitud exige. No voy a repetir el error de decidir en cuatro días sobre un asunto que este país va a cargar durante décadas… Cuando tenga una decisión, la voy a anunciar yo, nadie más, a todo el país, de frente y con sus fundamentos por delante”, aseveró el presidente Mulino.
El presidente afirmó que expondrá ante los panameños los argumentos de su futura decisión y será debidamente anunciada sin filtraciones, versiones extraoficiales o “comentarios de pasillo”. “Lo que decida sobre este sitio lo van a escuchar de mí”, dijo.
Además, insistió en que las conclusiones y recomendaciones del informe no son “una decisión final”, sino simplemente un estudio y una recomendación que deberán ser valoradas por el gabinete de gobierno para definir la ruta a seguir.
En las sugerencias de la Comisión, se incluyó el “cierre ordenado” de la mina, por lo que, el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, pidió al presidente Mulino que gire instrucciones para iniciar con el “cierre ordenado del sitio”, sin que eso represente un costo fiscal para el Estado.
Para la toma de decisiones futuras, la Comisión estableció criterios que deben seguirse:
- Estricto cumplimiento al contrato entre el Estado y la Minera Panamá.
- Soberanía del Estado sobre los recursos minerales y del subsuelo.
- El proceso de cierre debe ejecutarse sin costos fiscales para el Estado.
- Transparencia para comunidades, trabajadores y proveedores afectados por el cierre de operaciones.
- Supervisión independiente de calidad internacional.
