El presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Rodrigo Arias, advirtió que el mandatario Rodrigo Chaves está cruzando límites peligrosos al promover una manifestación contra el fiscal general, Carlo Díaz, en medio de múltiples investigaciones abiertas en su contra.
Durante una entrevista con CNN en el programa Conclusiones, Arias calificó la movilización como un “acto de presión indebido” y advirtió que Chaves podría haber cometido un delito al interferir en la justicia.
El pasado martes, el presidente costarricense encabezó una marcha en San José en la que exigió la renuncia del fiscal general. En su discurso ante cientos de simpatizantes, arremetió contra Díaz y contra el Congreso, instando a Arias a “irse para la casa”.
La movilización contó con la presencia de la bancada oficialista y ministros de su gobierno, en un hecho sin precedentes en la historia política del país.
Arias, líder del Congreso y una de las figuras más influyentes en la política costarricense, alertó sobre la gravedad de la situación.
“El presidente está cruzando rayas que no debería cruzar. Acosar e intimidar al fiscal general es algo que nunca hemos visto en Costa Rica”, declaró Arias en la entrevista.
Según el legislador, la convocatoria a la manifestación no solo representa un intento de injerencia en el Ministerio Público, sino que podría constituir una violación del Código Penal.
El artículo 316 de la legislación costarricense establece sanciones para quienes intimiden a un funcionario público con el fin de alterar su labor. Arias advirtió que la movilización impulsada por Chaves se enmarca en un intento de deslegitimar al Ministerio Público, que actualmente investiga múltiples causas contra el presidente, entre ellas el financiamiento de su campaña electoral.
El trasfondo político de la confrontación
El conflicto entre Chaves y el Congreso no es nuevo. Desde hace meses, el mandatario y la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros, han expresado abiertamente su intención de reformar la Constitución y de obtener una mayoría legislativa en las elecciones de 2026 que les permita tomar decisiones sin necesidad de negociar con otras fuerzas políticas.
Según Arias, la estrategia del gobierno es clara: desacreditar a los demás poderes del Estado para justificar un cambio en el modelo político del país. “No está oculto, lo ha dicho. El presidente quiere cambiar la Constitución, ajustar un nuevo modelo de Estado porque considera que el actual es el de los ricos, de la gente con corona”, advirtió.
El líder del Congreso recordó que el gobierno intentó legislar por referéndum, sin pasar por el Parlamento, pero la Sala Constitucional lo declaró inconstitucional. Desde entonces, Chaves ha intensificado sus ataques contra el Legislativo y el Poder Judicial. “El gobierno quiere hacer las cosas brincándose al Congreso. Desde el año pasado comenzaron a anunciar que iban a legislar por referéndum y, al no lograrlo, han escalado los enfrentamientos”, afirmó.
Arias vinculó los ataques de Chaves contra el fiscal general con las investigaciones que enfrenta. “Este ataque a la fiscalía es el más grave porque hay una intención oculta de deshacerse del fiscal, que es el encargado de llevar las causas contra el presidente”, señaló.
Crisis de seguridad y abandono del Ejecutivo
El enfrentamiento entre los poderes del Estado se da en un contexto de creciente violencia en el país. Costa Rica enfrenta una ola de criminalidad sin precedentes, con un aumento en los homicidios atribuidos al narcotráfico y el crimen organizado. Para Arias, el gobierno ha descuidado su rol en la seguridad pública y ha priorizado su agenda electoral.
“El presidente renunció a actuar. No ha tomado decisiones ante la escalada de violencia. Cuando lo invité a una reunión para coordinar acciones, simplemente no asistió”, criticó. El legislador recordó los recientes homicidios en Limón, Heredia y Desamparados, que reflejan la crisis de seguridad que enfrenta el país.
A pesar de los ataques de Chaves, Arias aseguró que no renunciará y que su prioridad es garantizar la aprobación de leyes para combatir el crimen organizado. “No me voy a ir para la casa. Tengo la responsabilidad de dejar aprobada toda la legislación que falta para enfrentar esta crisis de seguridad”, respondió a los señalamientos del mandatario.
El legislador reiteró su disposición al diálogo, pero advirtió que el tono del presidente complica cualquier acercamiento. “Si el presidente quiere cambiar de actitud, con mucho gusto estamos abiertos a conversar. Pero lo que está haciendo ahora es alimentar una confrontación que solo perjudica al país”, concluyó.
