El presidente de la República de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, arremetió nuevamente contra diputados de la Asamblea Legislativa, lanzando duras acusaciones e insultos durante una conferencia de prensa este miércoles 28 de febrero.
Los ataques del mandatario se centraron en la diputada Dinorah Barquero Barquero y el congresista Francisco Nicolás Alvarado.
El punto de quiebre se produjo en el marco de la discusión sobre el informe de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales, el cual involucra a Chaves en un presunto financiamiento ilegal de su campaña electoral en 2022.
La tensión en el plenario legislativo alcanzó niveles elevados con gritos y recriminaciones entre los legisladores.
En respuesta a las consultas de los medios, Chaves calificó de “nefasta” la gestión de la diputada Barquero y de “energúmeno” al diputado Nicolás.
Sus comentarios denunciaron un proceso que, según él, lo encontró culpable sin haber sido consultado ni recibido la oportunidad de defenderse, lo cual calificó como inconstitucional. Las críticas del presidente no se limitaron al ámbito electoral.
Chaves también arremetió contra la falta de avance en la discusión de leyes de seguridad propuestas por su administración para combatir los altos índices de violencia homicida en el país.
Acusó a la Asamblea Legislativa de albergar “defensores de sicarios”, cuya postura obstaculiza la aprobación de medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana.
La ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, respaldó las declaraciones de Chaves, afirmando que el presidente ha tratado de mantener el respeto hacia los demás poderes del Estado.
Sin embargo, las palabras del mandatario generaron una rápida respuesta por parte de los diputados Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), y Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), quienes exigieron pruebas concretas y llamaron a presentar las denuncias pertinentes ante el Ministerio Público.
El presidente Chaves criticó la falta de apoyo parlamentario a proyectos de ley destinados a fortalecer la seguridad nacional, pese a haber obtenido la palabra de los presidentes del Legislativo y Judicial en enero pasado.
La discusión sobre estas propuestas ha sido lenta y, en algunos casos, ha enfrentado objeciones sobre su constitucionalidad.
Los cuestionamientos y la confrontación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo evidencian la tensión política y los desafíos que enfrenta Costa Rica en materia de gobernabilidad y seguridad ciudadana, en momentos que la ola de homicidios por relación al narcotráfico alcanzó los 148 casos entre el 1 de enero y el 27 de febrero de 2024.
