El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, celebró la aprobación del presupuesto para el año 2025 por parte del Congreso de la República, destacando que este representa “un gran paso” hacia el bienestar de las familias guatemaltecas.
Según Arévalo, el presupuesto es “sólido, responsable y con claro foco en hacer que Guatemala salga adelante en aspectos cruciales como educación, salud, desarrollo social e infraestructura”.
El presupuesto aprobado asciende a $19,242 millones destinados a cubrir los gastos operativos del Congreso, incluidos arrendamientos, reparaciones, seguros y salarios.
Ayer dimos un gran paso.
Siempre con el propósito de traer bienestar y vida digna a las familias guatemaltecas, el Congreso ha aprobado el presupuesto 2025. Un presupuesto sólido, responsable y con claro foco en hacer que Guatemala salga adelante en importantes aspectos como…
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 27, 2024
Sin embargo, lo que ha generado mayor controversia ha sido el aumento salarial que se contempla para los 160 diputados del país.
Un aumento que genera debate
Mediante el Acuerdo 31-2024, el Congreso aprobó un ajuste en las remuneraciones de los legisladores, unos $3,760 a $6,050, equiparándose al salario de un magistrado de apelaciones. Este incremento ha sido objeto de intensas críticas por parte de sectores de la sociedad civil y la oposición, que lo consideran una medida insostenible, en un país con altas tasas de pobreza y desigualdad.
El nuevo salario de los diputados representará un gasto mensual de Q968 millones(aproximadamente $120 millones) para el Estado, $968 millones al mes y $11,616 millones año.
El contexto del presupuesto
El incremento salarial para los diputados se inserta dentro de un presupuesto destinado a fortalecer áreas clave como el sector educativo, la salud pública, el desarrollo social y la infraestructura, según las palabras del presidente Arévalo.
No obstante, mientras el mandatario destaca el carácter “sólido” y “responsable” del presupuesto, la medida ha sido vista por muchos como una contradicción, dado el contexto de crisis económica y las tensiones sociales que atraviesa Guatemala.
La decisión también se ha producido en un entorno de creciente insatisfacción popular, pues muchos guatemaltecos consideran que el aumento a los legisladores es inapropiado en un país donde más del 50% de la población vive en pobreza, y los servicios públicos siguen siendo deficientes en muchas áreas.
