La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que el lunes presentará a la Asamblea Legislativa un pliego de reformas al Poder Judicial, al sistema penitenciario y a la seguridad ciudadana. Fernández buscaría replicar el proyecto salvadoreño “cero ocio” para que los reos trabajen.
La presidenta Fernández aseguró que el lunes presentará un paquete de reformas para fortalecer la seguridad ciudadana y mejorar la administración de justicia. La mandataria evitó decir las medidas que busca que se aprueben porque será conocidas hasta el lunes.
Aunque adelantó que una de las iniciativas que presentará tiene que ver con la imposición de castigos a los dueños de terrenos donde operan pistas que son usadas ilegalmente para el tráfico de drogas. Las autoridades de Investigación Judicial han señalado que algunas pistas son usadas bajo amenazas o sin conocimiento de los dueños de los terrenos.
“Son proyectos que van en la línea de fortalecer penas, la seguridad en las cárceles, cero ocio en las cárceles y brindar herramientas para sancionar con más fuerza a las personas que pertenecen a redes criminales” afirmó la mandataria costarricense.
La presentación de las reformas está prevista para el lunes a las 11:00 de la mañana en la Asamblea Legislativa. Además, se espera que entre los nuevos proyectos se presente una copia del programa salvadoreño “cero ocio” en que los reclusos realizan diferentes trabajos mientras guardan prisión.
“Son proyectos que van en la línea de fortalecer penas, mejorar la seguridad de las cárceles, cero ocio en las cárceles” adelantó Fernández, quien también dijo que con las medidas que presentará busca castigar “con más fuerza” a los miembros de bandas criminales.
Sobre las reformas al Poder Judicial no adelantó ninguna iniciativa, aunque cuando Rodrigo Chaves fue presidente dijo que si Fernández se lo permitía buscaría “recuperar el Poder Judicial” para sacar funcionarios, esto mientras partidos opositores ya denuncian un plan oficialista para “capturar” la justicia costarricense.
La Asamblea ya estudia un paquete de reformas que buscan limitar a una las reelecciones de magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), de la Corte Suprema de Justicia y de la Contraloría General.