La Sala Constitucional de Costa Rica todavía se encuentra afinando detalles logísticos para que entre en vigencia la prorroga de las funciones de los magistrados suplentes que terminaron su período en diciembre de 2025, ante la falta de nuevos nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa.
El presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, aseguró que los 12 exmagistrados suplentes aún no han iniciado la prorroga de sus funciones, pese a que el acuerdo fue tomado hace una semana por la Sala, porque aún no se encuentran resolviendo aspectos logísticos.
Castillo detalló que una de las cosas que están resolviendo es la entrega de permisos especiales para que los 12 exmagistrados puedan ingresar a los sistemas de votación del Poder Judicial.
“Hay que aclarar si entrarán a partir del momento en que se adoptó ya la decisión de la Sala o a partir del momento en que es notificada la sentencia de la Sala”, agregó Castillo.
Un tema de conflicto
El funcionario judicial reconoció que el tema de la prorroga de funciones de los exmagistrados está “caliente” por las controversias suscitadas por la decisión que tomaron, ante la falta de nombramientos de los nuevos funcionarios.
Mientras tanto, explicó que tienen que esperar la redacción del voto y así escuchar observaciones del voto de mayoría y minoría. En cuanto a este último, dijo que él mismo lo redactó y que ya se encuentra bajo revisión del magistrado Luis Fernando Salazar, quien salvó su voto.
La semana pasada, los magistrados Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal, Ingrid Hess Herrera y Jorge Araya García decidieron prorrogar las funciones de los exsuplentes ante la falta de nombramientos y la insistencia de ciudadanos sobre resoluciones.
El nombramiento de los nuevos funcionarios no se concretó tras tres rechazos de los diputados oficialistas de Pueblo Soberano. Inicialmente, los diputados dijeron no conocer a los candidatos a suplentes, luego pidieron ampliar la lista de 18 a 24 aspirantes y finalmente devolvieron la lista a la Corte Suprema de Justicia para que se incluyan nuevos perfiles.
Luego de la decisión de prorrogar las funciones de los exmagistrados, los diputados oficialistas y la presidenta Laura Fernández denunciaron a los cuatro magistrados por considerar que le dieron un “golpe de Estado” al poder Legislativo, aunque fueron ellos mismos quienes se han negado a nombrar a los nuevos magistrados, mientras la oposición señala que el oficialismo quiere candidatos vinculados a ellos para elegirlos.