Los hondureños continúan haciendo la misma pregunta: ¿quiénes son responsables del “desastre” de las primarias del domingo?, que estuvieron marcadas por un desorden impresionante, sin precedentes, la falta de soluciones prontas, la ausencia de compromiso y una logística que salió mal de principio a fin.
Estas elecciones han quedado marcadas por la controversia, con denuncias de irregularidades en el transporte del material electoral y llamados a una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.
Diversas figuras del ámbito político y social han manifestado su preocupación por lo que consideran un atentado contra la transparencia del proceso electoral.
Uno de los principales puntos de conflicto radica en el uso de buses urbanos para la distribución del material electoral.
Jorge Lanza, director de Transporte, declaró que no fueron notificados de que trasladarían urnas en los buses, creyendo que sólo se transportaría a personas.
En respuesta, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, desmintó cualquier vínculo contractual con Lanza y señaló que este actuó fuera del marco establecido.
“¿Es esto cierto? ¿Por qué el señor Jorge Lanza está dando explicaciones de algo en lo que no sabía yo que él fuera parte? Él no tiene contrato con el CNE, ni concursó. Por favor indique quién le requirió unidades y por qué a usted. Abonará en nuestra investigación. El contrato suscrito indica camiones, no buses, y sustituyó sin mi conocimiento, es decir, incumplió”, publicó López en sus redes sociales.
El vicecanciller Antonio García también denunció la falta de seguridad en la distribución del material electoral, asegurando que las cajas electorales fueron transportadas en buses sin escolta ni vigilancia y que tardaron hasta 12 horas en llegar a su destino dentro de la ciudad.
Además, cuestionó la falta de claridad en el procedimiento: “¿Quién cambió los buses, a dónde fueron a estacionarse en todo ese tiempo, quién les dio la orden, por qué salieron esos 90 buses sin escolta, quién lo autorizó, quién los pagó?”.
Desde el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), su directora, Gabriela Castellanos, advirtió sobre las graves consecuencias de no esclarecer lo sucedido.
“Si no se investiga y no se sanciona de manera correcta a quienes hicieron el boicot electoral, quedará marcado como un cuartelazo a la democracia”, afirmó tajantemente.
El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ha sido citado por el Ministerio Público como persona de interés en la investigación, luego de que se informara sobre su posible implicación en el incidente con la distribución del material electoral.
La diputada Iroshka Elvir anunció que un grupo élite de la fiscalía ya está tomando declaración al respecto.
Por su parte, Carlos Hernández, director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), destacó la importancia de sancionar a los responsables para evitar futuras irregularidades.
“El Ministerio Público debe actuar con firmeza para garantizar que las elecciones generales se desarrollen en armonía”, expresó.
La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Anabel Gallardo, también lamentó los problemas registrados en el proceso electoral.
“Ayer, miles de hondureños acudimos a las urnas para ejercer nuestro derecho a elegir libremente. Mi reconocimiento para cada ciudadano que participó, pero también mi profundo pesar por aquellos que, debido a múltiples irregularidades, no pudieron ejercer su voto”, declaró. Además, enfatizó que “esto no puede volver a repetirse. Los hondureños somos un gran pueblo que dio clases de civismo y demostramos que vamos a defender nuestra democracia”.
Mientras tanto, aún están pendientes los datos definitivos, la suerte está echada y la presidencia del país será disputada el 30 de noviembre entre Rixi Moncada, ministra de Defensa y candidata del oficialista Libertad y Refundación; Salvador Nasralla, del Partido Liberal; y Nasri Asfura o como le llaman, Papi a la orden”, del Partido Nacional.
