La campaña presidencial en Costa Rica ha entrado en su fase final con un alto nivel de polarización política, en medio de denuncias de deterioro democrático e intentos de favorecer a la candidata oficialista Laura Fernández, quien encabeza con amplio margen las encuestas de intención de voto.
De acuerdo con un análisis reciente del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), la abanderada del oficialismo ha evitado participar en debates públicos y ha emitido opiniones que han generado incomodidad entre sus adversarios.
Su ventaja se produce en un contexto donde se cuestiona la imparcialidad del proceso y se señalan posibles intervenciones del presidente Rodrigo Chaves en favor de su correligionaria.
En las últimas semanas, instituciones públicas han sido señaladas por presuntamente extralimitarse en sus funciones, en decisiones que han afectado a ciertos candidatos o desviado la atención sobre la falta de profundidad del programa de gobierno propuesto por el oficialismo.
Aunque algunos analistas consideran que las elecciones del próximo 1 de febrero podrían resolverse en primera vuelta, otros expertos advierten que el alto porcentaje de indecisos, estimado en 45 %, podría alterar los resultados esperados en las urnas.
Los temas que más preocupan a los costarricenses son el aumento de la violencia e inseguridad, el desempleo, las dificultades económicas y la escasez de oportunidades para los jóvenes, según recogen encuestas recientes.
El informe del Estado de la Nación también alertó sobre los riesgos que enfrenta la democracia costarricense y la fragilidad de su institucionalidad.
El documento subraya la necesidad de atender con urgencia problemáticas estructurales como el deterioro del sistema educativo, antes de que el país siga la misma ruta autoritaria que amenaza a otras naciones de la región centroamericana.
